La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda informó a través de su cuenta de X, que la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José “N”.
El sujeto está imputado por el delito de feminicidio, en seguimiento a la investigación sobre los lamentables hechos sucedidos en el municipio de Taxco en los que perdiera la vida la niña Camila quien tenía ocho años de edad.
“Como lo expresé en la comunicación que tuve con la madre de la menor, me sensibilizo con la gran pérdida para su familia y la comunidad taxqueña, y reafirmo mi compromiso de velar para que las instituciones de nuestro estado actúen con absoluta responsabilidad y rigor, para que no haya impunidad en este caso que nos duele y consterna a las y los guerrerenses”, es parte del mensaje de la gobernadora.
A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía de Guerrero señala que el sujeto fue detenido el pasado 28 de marzo en el municipio de Taxco de Alarcón por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de inmediato fue puesto a disposición de un Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado.
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Agregando que se continúa con las indagatorias para esclarecer el ilícito en agravio de la menor, para que el hecho no quede impune.
¿Qué le sucedió a la niña Camila de Taxco, Guerrero?
Camila desapareció el 27 de marzo, y su búsqueda se volvió desesperada cuando su madre comenzó a recibir llamadas exigiendo un rescate.
Las contradicciones entre los testimonios y las evidencias capturadas en video avivaron las sospechas sobre varios vecinos, incluida una mujer y un hombre no identificado, vistos trasladando lo que parecía ser un cuerpo en un taxi.
La confesión del taxista involucrado llevó al descubrimiento del cuerpo de Camila, mientras que otros presuntos responsables fueron detenidos después de un intento de linchamiento por parte de los habitantes de Taxco.
El asesinato de Camila es un reflejo de la grave situación que enfrentan los menores en México, con 958 homicidios dolosos reportados en 2020, según REDIM.
Además, el número de secuestros de menores, con 29 casos reportados hasta diciembre de 2020, subraya la urgente necesidad de políticas públicas más efectivas para combatir y prevenir la violencia contra esta vulnerable población.
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