Ante la creciente inseguridad en Haití, la Embajada de México ha anunciado el cierre temporal de sus instalaciones este martes 5 y miércoles 6 de marzo.
La decisión se toma como respuesta al estado de emergencia y el toque de queda instaurados en el departamento del Oeste, hogar de la capital, Puerto Príncipe, tras una reciente escalada de violencia.
Este comunicado fue emitido a través de las plataformas de redes sociales de la embajada, asegurando que las citas programadas para estas fechas serán oportunamente reagendadas para inicios de abril.
La medida gubernamental haitiana de imponer el estado de emergencia y el toque de queda, efectiva desde el pasado domingo por un lapso de 72 horas con posibilidad de extensión, busca contener el alarmante deterioro de la seguridad.
Esta situación ha sido exacerbada por ataques coordinados a dos de las principales prisiones del país, liberando a numerosos reclusos y profundizando la crisis de seguridad.
La restricción no aplica a los miembros activos de las fuerzas de seguridad, personal de emergencias médicas, bomberos y periodistas que cuenten con identificación oficial.
Las autoridades han sido enfáticas en su mandato a las fuerzas del orden de emplear todos los recursos legales disponibles para asegurar el cumplimiento del toque de queda y detener a los responsables de violar estas disposiciones.
La determinación de adoptar estas medidas en el departamento del Oeste responde a un incremento de los actos violentos en Puerto Príncipe y sus alrededores.
La situación es descrita por el gobierno como un aumento de los delitos violentos, incluyendo secuestros y asesinatos por parte de bandas armadas, que no solo han desplazado a miles sino también perpetrado violencia contra mujeres y niños, además de saqueos y robos.
La nota oficial, firmada por Patrick Michel Boivert, primer ministro en funciones, hace referencia específica a los ataques contra las cárceles de La Capitale y Croix des Bouquets, los cuales han resultado en muertes y heridas entre la policía y el personal penitenciario, la fuga de reclusos peligrosos y actos de vandalismo.
Estos eventos han llevado al gobierno a clasificar la situación como una amenaza para la seguridad nacional.
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