En respuesta a las crecientes protestas de estudiantes y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que se reunirá con las familias afectadas el 3 de junio, un día después de las elecciones nacionales.
Esta reunión se enfocará en discutir los avances y continuar los esfuerzos para resolver el caso que ha marcado profundamente a la sociedad mexicana desde septiembre de 2014.
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La decisión del presidente de establecer una fecha para la reunión surge tras incidentes significativos, incluido el asalto del 6 de marzo al Palacio Nacional por parte de los estudiantes actuales de Ayotzinapa, quienes exigen que el gobierno cumpla su promesa de esclarecer los eventos ocurridos en Guerrero.
Además, la Asamblea Nacional Popular (ANP) ha intensificado la presión al anunciar un boicot a las campañas y elecciones, en protesta por la falta de progreso percibida en el caso.
Críticas y respuesta del Gobierno
En su conferencia matutina, López Obrador aseguró que las labores de búsqueda y esclarecimiento del caso continúan diariamente: “Esto no quiere decir que no estemos trabajando y estamos en la búsqueda de los jóvenes, diario tenemos brigadas”.
Además, criticó a organizaciones de derechos humanos que apoyan a las familias de las víctimas, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acusándolas de politizar el caso y alinearse con grupos conservadores.
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El presidente también abordó las preocupaciones sobre el impacto de estas protestas y acciones de boicot en el proceso electoral, descartando que representen un riesgo para la integridad de las elecciones.
Sin embargo, admitió que la presión para resolver el caso ha aumentado durante las campañas electorales, especialmente con acusaciones de que su gobierno está protegiendo al Ejército, ya que hay militares supuestamente involucrados en la desaparición de los estudiantes.
Este anuncio no solo busca reafirmar el compromiso del gobierno con las familias de Ayotzinapa, sino también aliviar la tensión social y política que ha envuelto este caso durante casi una década.
La reunión programada será un momento crucial para el gobierno de López Obrador, en un intento por cerrar uno de los capítulos más dolorosos y polémicos de la historia reciente de México.
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