Este lunes 6 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por abrir una investigación de oficio relacionada con la divulgación de información personal de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), detallada en el expediente del Caso Márquez Padilla.
Durante su acostumbrada conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador también reprochó a sus opositores políticos por respaldar a Casar a través de un manifiesto.
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El presidente describió a los firmantes como un grupo de influencia formado en el periodo neoliberal, promovido por figuras como Carlos Salinas, quienes, según él, han dominado los ámbitos intelectual y científico del país y participado en actos de corrupción.
López Obrador argumentó que el escrutinio público y los debates generados por tales investigaciones son cruciales para entender quiénes son los actores en la vida pública del país y definir los límites aceptables en la política.
Subrayó la importancia de estas discusiones para el proceso de transformación nacional que busca, según él, purificar la vida pública y mejorar la sociedad mexicana en su conjunto.
El presidente también cuestionó la utilidad del INAI, señalando que el instituto cuesta a los mexicanos mil millones de pesos al año y sugirió que debería contribuir más efectivamente a la lucha contra la corrupción, la simulación y la hipocresía.
La investigación iniciada por el INAI se centra en la posible violación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) debido a la publicación por parte de la Presidencia de la República de documentos que involucran a Casar y revelan su pensión millonaria junto con datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco.
El INAI ha advertido que estos documentos pueden constituir una infracción de la ley mencionada, al exponer información que identifica o hace identificables a diferentes personas físicas, enfatizando la responsabilidad del gobierno de proteger los datos personales que maneja.
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