En un movimiento judicial que ha generado gran controversia, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, denunció públicamente a la jueza Hortensia García Ramírez por presuntamente beneficiar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Este cambio de prisión preventiva a domiciliaria sin una audiencia de revisión de medidas cautelares ha provocado reacciones en todo el país.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad, expuso el caso de la jueza García Ramírez.
Según Rodríguez Bucio, la jueza ordenó el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria para César Duarte sin realizar una audiencia de revisión de medidas cautelares, lo que levantó sospechas sobre la legalidad y la transparencia del proceso.
Detalles de la decisión judicial
El 4 de junio, la jueza Hortensia García Ramírez ordenó a las autoridades penitenciarias del estado de Chihuahua que a partir del 5 de junio se dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el ex gobernador.
Esta decisión se basó en dos resoluciones que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva, un criterio que, según expertos legales, podría ser interpretado de diversas maneras.
El 6 de junio, la jueza cambió oficialmente el régimen de César Duarte de prisión preventiva a prisión domiciliaria.
Además, se implementaron medidas de seguridad adicionales, incluyendo la colocación de un brazalete electrónico y la entrega del pasaporte del ex mandatario, para evitar cualquier intento de fuga.
La decisión judicial ha generado críticas y preocupación tanto en el ámbito legal como en la sociedad civil.
La Fiscalía General de Chihuahua ha solicitado la vinculación a proceso de César Duarte por el delito de peculado agravado, relacionado con un presunto desvío de 120 millones de pesos.
Contexto y antecedentes del Caso Duarte
César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, ha sido acusado de múltiples delitos, entre ellos peculado agravado y desvío de fondos públicos.
Su caso ha sido un símbolo de la corrupción en la administración pública y ha generado un amplio debate sobre la justicia y la impunidad en México.
Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas y sociales.
La aparente falta de transparencia y la rapidez con la que se tomaron las decisiones judiciales han suscitado dudas sobre la independencia del poder judicial y su susceptibilidad a influencias externas.
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