El pasado martes 23 de julio, Emilio Lozoya Austin presentó una solicitud de amparo ante la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña.
El objetivo de Lozoya es buscar protección contra la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que revocó una decisión anterior favorable para él.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación revocó la decisión de la juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo.
Esta última había declarado improcedente la demanda de la Fiscalía General de la República (FGR) para transferir un inmueble de Lozoya, valuado en 38 millones de pesos, a la federación. La juez Osorno Arroyo argumentó que no se puede aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio de manera retroactiva, ya que cuando Lozoya adquirió la propiedad en diciembre de 2012, dicha ley no contemplaba el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita como causal de extinción de dominio.
Resolución contradictoria del Tribunal Colegiado
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación, sin embargo, determinó que el artículo sexto transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece que esta norma es aplicable desde su entrada en vigor en 2019, independientemente de que los hechos ocurrieran con anterioridad. Esta interpretación revocó la protección que había otorgado la juez Osorno Arroyo a Lozoya.
Investigación y acusaciones de la FGR
La FGR sostiene que Emilio Lozoya adquirió la residencia en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con sobornos recibidos del director de Altos Hornos de México. Estos sobornos habrían sido otorgados a cambio de que Lozoya, como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), impulsara la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.
En octubre de 2020, la FGR aseguró nuevamente la residencia, intensificando las acciones legales contra el ex funcionario. Lozoya ha negado las acusaciones y continúa buscando protección legal para mantener la propiedad.
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