Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó este martes ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no ha logrado una victoria legal en ningún proceso judicial.
Sin embargo, ha recibido una serie de beneficios procesales otorgados por el Poder Judicial Federal, lo que ha generado controversia.
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Durante la exposición de informes del gabinete de seguridad, Rodríguez Bucio criticó la concesión de un amparo y prisión domiciliaria a Lozoya por parte del magistrado Contreras Navarro, tras su detención en España por el caso Odebrecht el 19 de febrero.
Las condiciones incluidas por el magistrado —como el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salida del país o de la región metropolitana de la Ciudad de México, y comparecencias quincenales— han sido vistas como medidas lenitivas.
Rodríguez Bucio argumentó que, a pesar de la captura de Lozoya después de su fuga, el magistrado Navarro juzgó que la petición de prisión preventiva justificada no estaba suficientemente fundamentada, infringiendo así el derecho de Lozoya a la certeza y seguridad jurídica.
El subsecretario también señaló una serie de decisiones judiciales que han beneficiado a Lozoya, describiéndolas como una "trayectoria de privilegios".
Entre estos, mencionó el fallo del juez Gerardo Genaro Alarcón López, que lo eximió indebidamente de su responsabilidad en el pago por reparación de daños en el caso Agro Nitrogenados, y la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, quien declaró improcedente una acción de extinción de dominio contra Lozoya por la adquisición de un inmueble con fondos de origen ilícito, revocando el aseguramiento de la propiedad bajo el argumento de que no aplicaba la legislación de 2019, dado que la compra se realizó en 2012.
Rodríguez Bucio reafirmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional que, aunque Emilio Lozoya no ha triunfado en los tribunales, ha conseguido una serie de ventajas procesales por parte de la justicia federal, una situación que ha suscitado amplio debate en la opinión pública y cuestionamientos sobre la equidad del sistema judicial.
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