Por caso García Luna, la UIF busca que México pueda recuperar $700 mdd

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, se pronunció este miércoles sobre la demanda civil que el gobierno mexicano ha presentado en Florida relacionada con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón.

Gómez Álvarez indicó que México busca recuperar casi 700 millones de dólares a través de este proceso judicial, actualmente en la etapa de “descubrimiento probatorio”. El juicio civil en Florida está programado para comenzar en enero de 2025, según la jueza encargada del caso.

En una de las empresas vinculadas al caso, se recuperaron casi 2 millones de dólares, que fueron entregados a la Tesorería de la Federación, además de un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares que aún no se ha vendido.

“Hay una segunda recuperación muy pequeña, en un proceso de mediación de alguien no directamente demandado, pero vinculado, que pagó 150 mil dólares adicionales entregados también a la Tesorería de la Federación”, agregó Gómez Álvarez durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Bienes Asegurados y Fondos Resguardados

El funcionario señaló que de las 19 propiedades aseguradas en Miami, ocho ya fueron liquidadas, y los fondos por 6 millones de dólares están bajo la custodia de un agente fiduciario del gobierno de México hasta la conclusión del juicio.

El caso de García Luna también incluye dos denuncias penales en México, con 61 órdenes de aprehensión emitidas y detenciones significativas como las de Gloria García Luna y Edgar Rodríguez García, quienes están en prisión preventiva.

Además, Jonathan Alexis Weber Pinto, presuntamente vinculado a una empresa involucrada en la “trama de corrupción”, está solicitado para extradición desde España.

Esquema financiero y recuperación de recursos

Las autoridades mexicanas han identificado 64 operaciones en cuentas bancarias y casas de bolsa en México, algunas catalogadas por el SAT como “factureras”. Este esquema financiero facilitó la ocultación y posterior retorno del dinero desviado.

Para la administración mexicana, este juicio tiene como propósito romper la “maldición histórica” de la corrupción en el país, asegurando que el dinero robado al pueblo sea recuperado y devuelto a la Tesorería de la Federación.

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