Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el coordinador de Infodemia, Miguel Elorza, presentó un exhaustivo informe sobre las campañas de desinformación en redes sociales que buscan desprestigiar a la actual administración.
De acuerdo con el informe, se han detectado 87 mil 866 cuentas tipo Bots operando en la plataforma X (anteriormente Twitter) para manipular la narrativa en torno al caso de Teuchitlán.
Estas cuentas han generado un total de 973 mil 500 publicaciones mediante retweets, posteos y respuestas, evidenciando un ataque coordinado contra figuras como el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Campañas de desprestigio digital
El informe detalla que, durante la campaña presidencial de 2024, la oposición utilizó hashtags como #narcopresidente y #narcopresidenta para erosionar la imagen de la administración actual.
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Elorza señaló que, aproximadamente 33 mil 593 de las cuentas involucradas son bots, y el 92.31 por ciento de estas han sido utilizadas para difundir mensajes de desprestigio, mientras que otras cuentas de figuras reconocidas, como Xóchitl Gálvez y América Rangel, se suman al ataque digital.
Asimismo, se estima que la inversión en estas campañas de manipulación digital ha alcanzado al menos 20 millones de pesos en tan solo 4 días, lo que demuestra la magnitud de los recursos destinados a este tipo de guerra sucia.
Respuesta de la administración
En respuesta a estas revelaciones, la presidenta Sheinbaum comentó: “Ahí está”, reconociendo la existencia de estas campañas y subrayando que la investigación de Infodemia es muy profunda y se realiza de manera constante ante tendencias artificiales.
La presidenta enfatizó que, aunque las campañas de desprestigio se han mantenido durante meses, es fundamental denunciar y desmontar estas narrativas falsas para preservar el debate democrático y la integridad de la información.
Con estos hallazgos, el informe de Miguel Elorza no solo pone de manifiesto el uso extensivo de bots en las redes sociales, sino que también destaca la necesidad de contar con mecanismos de verificación y control que impidan la propagación de desinformación, protegiendo así el derecho a la verdad y a la libre expresión en el contexto político mexicano.
IO