El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, presentó un informe detallado sobre la investigación del presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, destacando graves omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco en el manejo del caso.
Según el informe, las autoridades estatales no realizaron una inspección exhaustiva del lugar, omitieron el análisis de indicios clave y dejaron el sitio en estado de abandono, a pesar de tratarse de un inmueble asegurado.
Irregularidades detectadas por la FGR
El análisis federal evidenció múltiples fallas en la investigación estatal, entre ellas:
- Falta de rastreo y registro de indicios: No se identificaron ni documentaron debidamente prendas de vestir, calzado y objetos personales hallados en el sitio.
- Manejo deficiente de vehículos: No se procesaron correctamente los automóviles encontrados en el lugar, permitiendo que tres de ellos fueran robados tras la intervención.
- Ausencia de peritajes forenses: Seis meses después, la fiscalía estatal aún no cuenta con dictámenes definitivos sobre la antigüedad e identidad de los restos humanos encontrados.
- Falta de pruebas sobre crematorios clandestinos: No se realizaron los análisis físicos y químicos necesarios para confirmar la existencia de actividades de incineración de cuerpos.
- Vínculos con el crimen organizado ignorados: Testimonios de personas secuestradas y elementos policiales detenidos señalan la complicidad de autoridades locales con el crimen organizado, pero no se ha integrado esta información a la investigación.
- No se identificaron propietarios del inmueble: Tampoco se citó a declarar a funcionarios municipales que debieron conocer y prevenir la actividad criminal en la zona.
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Abandono del sitio asegurado
A pesar de la magnitud del hallazgo, el inmueble quedó sin protección luego de las diligencias iniciales, lo que permitió la alteración de pruebas y una posible contaminación de la escena del crimen.
Ante estas deficiencias, la FGR ha solicitado con carácter de urgencia la entrega de todos los peritajes y actuaciones estatales para determinar la posible atracción del caso a nivel federal.
Este informe pone en entredicho la actuación de la fiscalía estatal y evidencia la falta de protocolos adecuados en investigaciones de alto impacto, lo que podría dificultar la búsqueda de justicia para las víctimas.
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