La construcción del “Tren Maya” es una violación a los derechos humanos de los pueblos originarios, acusan organizaciones indígenas de la Península de Yucatán, como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), ya que hasta ahora, cuando ya se ha iniciado con los trabajos, no se cumplió con informar sobre las afectaciones a los territorios que traerá consigo el megaproyecto.
Los integrantes de la organización señalan que cuando se cuestiona a los indígenas sobre la obra, estos dicen no saber nada, quienes la dirigen no han entablado comunicación con los pueblos originarios; incluso algunos pobladores mayas ni si quiera están enterados de que en sus comunidades se construirá un tren.
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En el marco del 12 de octubre Día de los Pueblos Indígenas, fecha en la que se conmemoran 528 años de la lucha de los pueblos originarios contra el colonialismo, denunciaron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) utiliza la presión política para perjudicar las acciones legales de defensa del territorio que estas organizaciones emprenden.
Así sucedió cuando presentaron un amparo para detener la construcción del tren por la falta de información al respecto, ya que el Fonatur se quejó con la jueza del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, bajo el argumento de que dañaban el interés público, por lo que la medida cautelar sólo procedió en Xpujil, pero la obra continuó en otras zonas.
Divisionismo entre los pueblos
El inicio de la obra ha traído consigo problemáticas sociales como el divisionismo de los pueblos, ya que cuando las autoridades acuden a los comisarios para conversar sobre el tren, reunir firmas para solicitar o permitir algún acuerdo, algunos sólo toman en cuenta a una o dos personas, y dicen que esta minoría representa a toda una comunidad. Incluso se ha comprado que incluyen firmas de personas fallecidas, “algunos comisarios están coludidos con los políticos”, detalló Ernesto Martínez, uno de los integrantes del CRIPX que realizaron ayer una asamblea informativa.
Ante la aparición de contra organismos como el “Pro Defensa del Tren Maya”, señalan que aquellos que se dicen a favor de la construcción son simpatizantes del partido oficial y que tienen esa postura por conveniencia política.
Por tal motivo, expresaron que su principal objetivo no es desunir a las comunidades pues esa ha sido la estrategia para no hacer valer sus derechos, sino entablar el diálogo para que se aclaren los impactos ambientales, económicos y sociales que oculta la mega-obra ferroviaria.
Precisaron que todas las acciones de los grupos de defensa contra la imposición del Tren Maya se han hecho apegadas al marco jurídico de las leyes mexicanas, por lo que su pelea es pacífica. Su único objetivo, como se leía en una de sus pancartas, es frenar la división de los pueblos de la Península y dar a conocer a la sociedad el atropello que significa este megaproyecto.
Desinformación
Según miembros de estas organizaciones, no tomar en cuenta las comunidades indígenas sobre la realización del proyecto, así como la desinformación sobre las afectaciones que provocará en las zonas que ellos habitan, es el motivo de su lucha que quieren dar a conocer para romper el cerco mediático sobre su postura.
“Venimos a decirle a los gobiernos, a la sociedad, que nuestra lucha continua, se fortalece, cada vez que encontramos esa razón que es la defensa de la vida y que es al amor por el territorio en el que nos encontramos que es el legado de nuestros ancestros”, dijo Ángel Dzul, indígena de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Por su parte, Ernesto Martínez, miembro del CRIPX, mencionó que el proyecto está mal llamado Tren Maya, ya que los pueblos originarios no lo planearon ni diseñaron, mucho menos van a ser los inversores que se lleven las ganancias, “es un insulto a nuestros ancestros y a nuestra cultura”, agregó.
En este tenor, Alfredo Díaz, dijo que violan incluso tratados internacionales, como sucede en el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que fue firmado por varios países, entre ellos México, en Ginebra, Suiza, en 1989.
Este acuerdo mundial declara entre otros aspectos, el derecho de los pueblos indígenas para participar con soberanía, de acuerdo a su cultura, en la toma de decisiones con el Estado sobre la modificación del territorio que habitan; les garantiza el acceso a la información sobre las acciones de la federación en sus comunidades y además, protege el cumplimiento de estos derechos.
Como ejemplo de estas omisiones, se habló de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, consulta que nunca llegó a las comunidades indígenas para que sus miembros puedan informarse y votar si era benéfico o perjudicial.
Lucha por la vida
Esto expresaron diversos organismos defensores de los derechos de los pueblos originarios de los tres estados que forman parte de la Península de Yucatán, que se reunieron ayer por la mañana en Xpujil, Calakmul, unidos a la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, Contra la Guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas que promovió el Congreso Nacional Indígena (CNI) en diversos estados del país.
Los ponentes aseguraron no estar en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, están en contra del sistema económico porque dijeron no sentirse representados, sino excluidos y minimizados.
Asimismo, puntualizaron que se ha intensificado el acoso por parte del gobierno o personas ligadas a las autoridades, pues tras el robo de documentos, equipo e información financiera en sus instalaciones el pasado septiembre, también han encontrado amenazas escritas contra algunos integrantes.
Por Juan García