El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) incurre en amenazas y presiones a los habitantes que interpusieron amparos contra el Tren Maya para que desistan del proceso judicial, sin embargo, públicamente dice que respeta los derechos de estos habitantes además de que los estigmatiza acusándolos de “invasores” por lo que existe desconfianza hacia el organismo federal, denunció el asesor jurídico del Colectivo Tres Barrios, Carlos Escoffié.
Dio a conocer que en Candelaria las comunidades igual interpusieron amparos como los de la ciudad de Campeche por el Colectivo Tres Barrios, por lo que fueron amenazados.
Reveló que como parte de los recorridos de los aspirantes a los cargos de elección popular, algunas personas se acercaron a quienes interpusieron los amparos para exigir que desistan porque de lo contrario no se les iba a indemnizar por las viviendas que están en las inmediaciones de la vía férrea.
Acusó que la autoridad federal “juega” con estas acciones y le mete “miedo a la gente para que quiten los amparos, para que desistan”.
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Calificó de mentira esas aseveraciones porque los afectados “tienen derecho a que se les indemnice”, y no está en duda; pero reiteró que “juegan con ese tipo de temores y preocupaciones para presionar a la gente a que desista”.
Acerca de Fonatur, señaló que el organismo federal tiene una actitud hostil y sigue con su discurso de estigmatizar a los habitantes que viven en las inmediaciones de la línea ferroviaria al acusarlos de invasores.
Manifestó que es una mentira que los habitantes se metieran en los terrenos federales.
Planteó que los habitantes al principio tenían la disposición de negociar; sin embargo, nunca se los escuchó, por lo que decidieron presentar el juicio de amparo, por eso la actitud de Fonatur.
Recordó que cuando le pidieron ser asesor legal, los pobladores de Tres Barrios ya tenían un año de intentar dialogar por otros medios con las autoridades federales; pero siempre hubo “una cerrazón total” de parte de Fonatur, acusó.
Sobre todo, insistió, “cuando se los califica de invasores, de cometer actos ilegales, por lo que se les estigmatiza y criminaliza”.
Aunque Fonatur argumenta que respetarán los derechos de los habitantes y por consenso se hará la reubicación, este panorama genera desconfianza en las negociaciones ya no perciben garantías y sólo lograron avances a raíz de los juicios de amparo, finalizó Escoffié.
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JG