Francisco Javier Pizarro Chávez
El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, cumplió el 4 de octubre pasado, dos años como titular del Poder Ejecutivo.
¿Ha sido el suyo un buen o mal gobierno?
Esa es la pregunta que los ciudadanos y el propio mandatario debemos responder, pero no en función de filias partidistas o ideológicas, sino en base a indicadores que permitan evaluar su desempeño y resultados.
Hay dos clases de indicadores: los subjetivos o itinerarios que marcan el rumbo, orientación, descripción de su trayectoria que ha recorrido en esta primera mitad de su gobierno, concernientes a su personalidad, ética política y modo o forma de gobernar, mediante los cuales se juzga el desempeño de los gobernantes.
En cuanto a la personalidad hay gobernantes de dos tipos: los que se asumen como amos y señores del poder, ególatras, frívolos, poseedores de la verdad absoluta a quienes todos deben obediencia y gratitud, lo que inexorablemente deviene en gobiernos autoritarios y coercitivos. Históricamente son los más.
En el polo opuesto están aquellos que entienden que son servidores públicos, que se deben al pueblo, con virtudes y defectos como todo ser humano y por tanto ni inferiores ni superiores a nadie, que asumen que su deber es contribuir al desarrollo de su comunidad, asistir y proteger a los ciudadanos mediante el poder legítimo que se retribuye y comparte en función del interés y el bien público, no de su persona, familia, amigos o partidos.
Acatan y promueven las fuentes de la legitimidad del Estado de Derecho que no son otras que el de la honestidad, la verdad, el bienestar social, la protección de los ciudadanos, la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Desafortunadamente son los menos.
Desde el punto de vista de la ética, las virtudes políticas de un buen gobierno son la sabiduría, la magnanimidad, la moderación, la prudencia, la fortaleza, la seguridad y la paz.
Estos son en lo general los indicadores que hay que tomar en cuenta para juzgar la personalidad, la ética y la forma de gobernar, pero NO para ponderar el desempeño de la gestión pública y la administración del Estado.
Eso es harina de otro costal, pues no se regula en función de principios y valores políticos y personales, sino con base en indicadores de resultados, positivos o negativos en las diversas áreas del quehacer público y de las instituciones que las atienden conforme al Plan Estatal de Desarrollo.
La gestión pública tiene que ver con lo que la teoría política define como gobernabilidad y a la administración del Estado como gobernanza, conceptos que se entrelazan pero no son iguales.
La gobernabilidad es positiva cuando se proporciona y garantizan servicios públicos con eficiencia y calidad; cuando se tiene un gobierno transparente y una opinión pública libre y responsable; se garantiza la salud, la educación de calidad, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y se crean condiciones favorables para un crecimiento económico estable y generador del bien común.
La Gobernanza se sustenta en la legalidad, la transparencia, participación y consenso social, equidad, eficiencia y sensibilidad.
Dicho de manera más sencilla: la gobernabilidad tiene que ver con las necesidades fundamentales de la comunidad y la solución de sus problemas. La gobernanza con la toma de decisiones, con escuchar y atender las demandas de mayorías y minorías, a los grupos vulnerables, fortalecer al Estado y lograr que se atiendan las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Esto es, los problemas de coyuntura y los estructurales.
Para infortunio de todos, la gobernabilidad y gobernanza dejan mucho que desear tanto a nivel nacional como estatal.
En materia de infraestructura, obra y servicios públicos, educación, salud, crecimiento económico y bienestar social, andamos en el sótano en lo que a gobernabilidad se refiere.
Por lo que hace a la gobernanza, también México y Chihuahua están reprobados. De ello da cuenta el Indice del Estado de Derecho México 2018, de la organización internacional World Justice Project (WJP), la cual evaluó, por primera vez, la prevalencia del Estado de Derecho en una escala de 0.0 a 1.0 en las 32 entidades federativas.
Según la encuesta de experiencia y percepción realizada a 25 mil 600 personas, 1,500 expertos en el área jurídica y estadísticas gubernamentales de cada rubro, el promedio nacional del índice del Estado de Derecho es de 0.39. Ninguna entidad rebasa el 50% de la escala.
Por razones de espacio e interés público, haremos referencia a la evaluación de los 8 indicadores principales del Estado de Derecho sólo en Chihuahua.
* Límite al poder gubernamental de los pesos y contrapesos del Estado, es decir, si hay división real de los poderes y participación ciudadana. Chihuahua se ubica en el lugar 14 con 0.41 de puntaje.
* Ausencia de Corrupción. Nuestra entidad se ubica en el lugar 12 con un porcentaje de 0.36.
* Gobierno Abierto. (Nivel de participación ciudadana). Ocupamos el lugar 18 con un puntaje de 0.41
* Derechos fundamentales (Derecho a la privacidad, la no discriminación, etc.) Chihuahua se coloca en el 5to lugar con un puntaje de 0.52.
* Orden y Seguridad. Es la calificación reprobatoria más alta para Chihuahua que la coloca en el 28 lugar de las 32 entidades con el federativas, con el 0.27 de puntaje
* Cumplimiento regulatorio. Chihuahua está en la media nacional con el 0.36 de puntaje
* Justicia Civil. Ocupamos el lugar 12 con 0.36 de puntaje.
* Justicia Penal. Pese a ser pionera en esta materia, Chihuahua ocupa el séptimo lugar, con 0.42, tres décimas arriba de la media nacional que es de 0.38.
Nota: 0.0 es el índice más bajo y 1.0 el más alto o cercano la prevalencia del Estado de Derecho.
En conclusión: en materia de orden y seguridad, pilar fundamental del Estado de Derecho, andamos por los suelos. La mejor calificación que obtiene Chihuahua es en Derechos fundamentales y en los temas restantes como ausencia de corrupción, gobierno abierto, justicia civil, cumplimiento regulatorio, andamos a “medios chiles”.
Desde mi punto de vista estos índices del Estado de Derecho son un grave riesgo para la gobernanza.
Como podrá apreciar, me he limitado a poner a su consideración algunos de los indicadores más relevantes para evaluar tanto el desempeño del gobierno de Javier Corral, como los resultados negativos y positivos de su administración.
Pretendo con ello que sea usted, mi estimado lector, el que califique en una escala de 1 a 10 con base a la metodología que hemos comentado, a fin de que en este ejercicio se evalúe: personalidad, ética política, modo de gobernar de una parte y de otra gobernabilidad y gobernanza, para que no se diga que mi calificación es sesgada. Comuníquese a mi página de Facebook: Reflexiones en-voz-alta por Francisco Javier Pizarro569211433439752/. Me interesa su opinión.