Síguenos

Última hora

Autoridades del Estado de México detuvieron a la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos

Opinión

Injerencismo Vs. Soberanía

Jorge Lara Rivera

La muerte por aparente suicidio de Fernando Albán Salazar, de 56 años, ex concejal del Municipio Libertador de Caracas, católico devoto y uno de los líderes visibles de la oposición al actual gobierno de Venezuela, detenido 3 días atrás (en el aeropuerto internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, cerca de la capital venezolana, a su regreso de Nueva York donde denunció ante la ONU graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno bolivariano) bajo el cargo de participar en la conjura para atentar con drones contra la vida del presidente en agosto próximo pasado y vínculos con actos desestabilizadores patrocinados desde el exterior, fue conocida el 8 de octubre.

Y ha dado un nuevo pretexto como material de ataque a los detractores del gobierno constituido de la República Bolivariana de Venezuela. Tarek William Saab, fiscal general venezolano, designado por la Asamblea Constituyente (auspiciada por el régimen para anular a la Asamblea Nacional), informó del fallecimiento por traumatismo craneano luego de saltar al vacío desde una ventana del piso 10 de la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional donde estaba detenido, tras pedir permiso “para ir al baño”. En contradicción Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, dijo que lo hizo desde la sala en la que aguardaba su traslado a un juzgado, y él mismo lo calificó como “suicidio”.

El abogado del concejal denunció que en el baño desde el que se dice que saltó no hay ventanas; y que las del resto del complejo “están siempre cerradas”. El coordinador del partido “Primero Justicia”, del que Albán era miembro, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro, con base en fuentes oficiales que no identificó las cuales le habían confirmado que a Albán lo tiraron por la ventana cuando ya estaba muerto.

Henrique Capriles, competidor de Maduro en las elecciones de 2013, vía Twitter y la diputada Delsa Solórzano en un pronunciamiento en el homenaje de la Asamblea Nacional al concejal. Desde el exilio, Luisa Ortega Díaz, otrora fiscal general de Venezuela, aseveró que aquél pereció ahogado en un interrogatorio, torturado “con una bolsa”. La arquidiócesis caraqueña con la que el fallecido estaba muy vinculado y colaboraba se dijo perpleja y con “dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio, no corroborado por una investigación profunda y objetiva”.

La portavoz Ravina Shamdasani, de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresó preocupación pues la detención de Albán superó las 48 horas que las leyes venezolanas marcan como límite para que todo detenido sea puesto a disposición de un juez y demandó una investigación “transparente e independiente”, al tiempo que señaló la responsabilidad de las autoridades por la seguridad del ex concejal bajo custodia policial.

Así, la versión oficial fue desde el principio rechazada de plano dentro y fuera de Venezuela tanto por familiares y la oposición, como por países que sin demasiada autoridad moral demandan un cambio de régimen al cual acusan de prácticas antidemocráticas, desaseo político y violación de los derechos humanos a escala tal que ha provocado un éxodo masivo. La ONU confirma que Venezuela se ha convertido en un país expulsor de migrantes, registrando al menos 2 millones y medio en el último año.

Mientras Julio Borges es sospechoso de planear con gobiernos extranjeros un golpe de estado y el joven líder opositor Juan Requesens permanece bajo arresto, ante la presión internacional el ministro Reverol anunció la apertura de una investigación instruida al Subdirector del ministerio y a un equipo multidisciplinario responsable de ésta junto con el Ministerio Público a fin de que esclarezca las circunstancias del “lamentable suceso”.

El reciente hecho de sangre, mejor que ni mandado a hacer para erosionar la poca credibilidad restante al tundido gobierno bolivariano, brindó ocasión al presidente estadounidense Donald Trump –cuyas intenciones intervencionistas son de sobra públicas e incluso las de patrocinar el magnicidio han sido evidenciadas por los propios medios norteamericanos– para amenazar con “ejercer más presión a fin de propiciar la caída del gobierno venezolano”. Ni Canadá, menos Estados Unidos (cuya embajada se atrevió a describir como “sospechosa y violenta” la muerte de Albán), pero tampoco España, así como la hipócrita comunidad europea de naciones históricamente abusivas, ni, desde luego, los cuestionables gobiernos usurpadores y oligárquicos de 11 de los 14 integrantes del llamado ‘Grupo de Lima’ y sus asociados en la OEA convertida en dócil instrumento al servicio de los intereses más repugnantes de Washington pueden, sin evidenciar contradicción, sostenerlas moralmente por sus usos colonialistas, genocidas, ecocidas, de crimen de estado, trata y maltrato a migrantes, y abusos contra sus propios pueblos e ingentes pendientes en materia de impunidad y violencia contra los derechos elementales de la humanidad. Sin embargo, la demanda de una investigación independiente por todos formulada parece tener una base real. La caída desde un piso 10 del ex concejal abre muchas interrogantes acerca del descuido en la cadena de custodia y cómo fue posible que se les escapara y alcanzara espacio para lanzarse al vacío, suponiendo que así hubiera sucedido.

Siguiente noticia

Universidades de élite, nicho de ex presidentes