Francisco Javier Pizarro Chávez
Sin aviso previo y explicación fundada, el gobierno del Estado de Chihuahua inició, el lunes de la semana en curso, el despido de alrededor de 2 mil trabajadores eventuales de diferentes dependencias, que el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, dijo, tiene como finalidad ahorrar el 20% del gasto corriente de la administración estatal.
La respuesta de los afectados no se hizo esperar. Salieron a manifestarse contra su despido injustificado y a exigir se les reinstale y/o indemnice, como lo establecen los Artículos 40 y 48 de la Ley Federal del Trabajo.
Es común en nuestro país que las empresas que se ven en una situación financiera difícil, apelen a los recortes de personal, la mayoría de los cuales no se justifican. (87%).
Pero una cosa es la empresa y otra muy distinta el gobierno. La primera forma parte del sector privado y el segundo al sector público.
Sus fuentes de financiamiento y metas son diametralmente distintas. Los empresarios arriesgan su capital en los negocios para obtener ganancias y ser rentables. En caso de no lograrlo acuden al financiamiento bancario, la incorporación de nuevos socios o la venta de su empresa.
Inversión y utilidades, son sus ejes centrales.
La gestión y administración pública se sustenta en las partidas presupuestales que los ciudadanos aportamos a través de impuestos, pago de derechos, servicios y otras muchas fuentes de ingresos que recauda la hacienda federal, estatal y municipal y desde luego, también en la deuda pública y privada.
El gasto público, se supone, está destinado a crear infraestructura y obra pública, impulsar el crecimiento de la economía, el bienestar social de los ciudadanos y su desarrollo humano.
Infortunadamente no es así. Administran los recursos del gobierno como si fuera una empresa privada de su propiedad.
Los recursos públicos se destinan en lo fundamental al pago de proveedores del Estado, prerrogativas, aguinaldos y bonos de funcionarios del Ejecutivo, del Judicial y legisladores; pago de intereses de la deuda pública y, por si fuera poco, eventos suntuosos y viajes.
El recorte de personal se está dando en las áreas sociales más sensibles como la salud, educación y la seguridad y procuración de justicia.
Los hospitales del Sector Salud están siendo desmantelados. No sólo carecen de medicamentos, equipo y médicos especialistas, sino ahora también, de enfermeras, personal de intendencia, cocineras y secretarias, los cuales perciben salarios sumamente bajos –mil 600 pesos al mes, dijo una cocinera– y cuyo despido, en modo alguno, generará el ahorro suficiente para solventar el déficit financiero de la administración estatal, pero sí un grave problema para las familias de los despedidos y un menoscabo significativo del servicio y atención a los derechohabientes del Sector Salud.
El recorte de personal de 20 empleados en cada área de la Fiscalía General de Justicia en toda la entidad es sumamente irresponsable. Es, literalmente, un convite a la impunidad de delincuentes y criminales, que en nada abona a la Procuración e impartición de justicia, la cual demanda ministerios públicos, peritos e investigadores calificados y con experiencia.
El gobierno del Estado no ha dimensionado las consecuencias sociales, políticas e incluso financieras que conlleva este recorte de personal.
Si en verdad se quiere sanear las finanzas públicas, les sugiero se aboquen a presentar proyectos y políticas públicas en coordinación con el gobierno federal entrante para atender las demandas y necesidades de la población; dejen de gastar los escasos recursos de que disponen en actos superfluos y pongan en práctica una auténtica política de austeridad gubernamental.
Ese es el camino para subsanar el déficit heredado de la anterior administración y poner orden en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es inadmisible y vergonzoso que el ahorro presupuestal que se aduce para justificar el despido de empleados, intendentes, enfermeras, oficinistas, etc. no se aplique al gobernador y su gabinete, al titular de Supremo Tribunal de Justicia y magistrados, a los integrantes del Consejo de la Judicatura, diputados del Congreso local y desde luego a los partidos políticos.
La voz popular lo tiene muy claro:
“Todos coludos o todos rabones”.