Francisco Javier Pizarro Chávez
El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó hace unos días el Plan Nacional de Paz y seguridad (2018-2024), el cual ha sido objeto de un gran debate nacional.
Y no es para menos. La violencia e inseguridad que sacude a México es uno de los problemas sociales que más han afectado al país, a los ciudadanos y puesto en entredicho al Estado de Derecho.
La sociedad es consciente que se requiere un cambio de fondo en la fallida estrategia de combate a la delincuencia y el crimen organizado, que se ha mantenido durante los últimos dos sexenios. De eso no hay la menor duda.
El Plan Nacional de la Paz y la Seguridad en lo general, desde mi punto de vista, es una plataforma adecuada para que atienda las causas estructurales que han sido caldo de cultivo de la situación terrible de violencia e inseguridad que vivimos.
Los siete ejes primeros de este Plan, hacen eco de un cúmulo de demandas que los ciudadanos y organizaciones civiles, han reclamado infructuosamente en los 12 últimos años como el combate a la corrupción y la impunidad, el de garantizar empleo, educación y bienestar social a marginados en situación de pobreza extrema, promover y defender los derechos humanos, impulsar la regeneración moral y ética de sociedad y gobierno, reformular el combate a la política prohibitiva del consumo de drogas que es ante todo un tema de salud pública, la pacificación del país, y la recuperación de las cárceles hoy en manos de la delincuencia organizada.
Lo que ha generado inquietud, confusión y controversias es el capítulo 8, en el que se aborda el Plan de Seguridad Pública y colateralmente el de la justicia a las víctimas.
Y es que el eje central de la estrategia de seguridad pública e instrumento primordial del Ejecutivo Federal en materia de prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el país, es la creación de la GUARDIA NACIONAL, integrada por efectivos de las policía Militar, la Naval y de la Policía Federal y adicionalmente de civiles y elementos de las tropas que se sumen, lo cual sorprendió a amplios sectores sociales.
En principio, porque unos día antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior proclamada en diciembre del 2017 por el presidente saliente Enrique Peña Nieto, la cual fue concebida como una estrategia de militarización de la seguridad pública que la Carta Magna confiere a los tres niveles de gobierno y sus instituciones civiles.(Corporaciones policiales, ministerios públicos, procuradores o fiscales y al Poder Judicial).
Organismos internacionales y nacionales defensores de los derechos humanos; de la sociedad civil, consejos de abogados, jueces e inclusive militantes y/o simpatizantes de Morena, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que la seguridad pública se deje en manos de las fuerzas armadas? Se preguntaron unos y otros.
Y no es para menos. En el mismo capítulo referente al Plan de Seguridad Pública, se señala:
“Los soldados y marinos no han sido entrenados ni debidamente facultados para prevenir e investigar delitos. Esa falta de correspondencia entre preparación, atribuciones y misión ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en atropellos a la población”.
Sin embargo, líneas después, se dice lo contrario: “La Guardia Nacional quedará, pues, expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propio de las fuerzas armadas”.
Vaya dislate en que se enredaron, el cual puso entre la espada y la pared a AMLO quien en diversas entrevistas no hallaba cómo dar respuesta a esta flagrante contradicción.
Quienes salieron al quite fueron los coordinadores de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, Mario Delgado y Ricardo Monreal, en ese orden, quienes anunciaron que se presentará al Pleno del Congreso, la iniciativa de Ley que crea la Guardia Nacional, en la que se contempla una modificación sustancial: “los elementos que la integrarán, aunque sean militares estarán sujetos al ámbito civil, al fuero civil”. (El Heraldo, Martes 20 de noviembre de 2018, Pág. (B Nacional).
El eje de la justicia a las víctimas, en mi opinión, fue abordado de manera superficial. No se toca el tema del deficitario sistema de justicia penal que impera en el país, el cual es fuente de impunidad como lo demuestran las mismas cifras oficiales, las que señalan que sólo el 90 por ciento de los delitos se denuncia; del 10% que se denuncian y procesan no pasan del 5 por ciento y los casos en los que se emite sentencia, está por debajo de ese porcentaje.
No se puede restablecer la PAZ y la SEGURIDAD sin una JUSTICIA pronta y expedita y una eficiente procuración y administración de la misma. Eso lo tienen muy claro los ciudadanos en lo general, pero sobre todo, los familiares de los miles de asesinados, desaparecidos, sepultados en fosas clandestinas y atropellos de que son víctimas de las fuerzas militares y cuerpos policiales al servicio de los cárteles del crimen organizado.
La justicia que los familiares de las víctimas de la violencia y la inseguridad demandan no es otra que la verdad, la penalización de los delitos, la reparación del daño y la garantía de no repetición del delito. ¡Ni olvido, ni perdón! ¡Justicia! es el clamor de los ciudadanos.
La desmovilización y reinserción social de delincuentes y criminales, la reducción de penas, amnistía, contribuye sin duda alguna a la pacificación del país, pero difícilmente a la reconciliación social.
Esta no se logrará por esa vía. Se requiere un sistema de seguridad y justicia acorde a los tratados internacionales en materia de desarrollo social y humano que nada tiene que ver con el fracasado modelo híbrido en boga de la seguridad pública y la seguridad interior.
Me refiero a la seguridad ciudadana, la cual internacionalmente está enfocada a crear contextos de civilidad y escenarios sociales que permitan a los ciudadanos ejercer sin temor alguno su libertad, derechos humanos y una sana convivencia social.
Ojalá la iniciativa legislativa anunciada por el Poder Legislativo, que contempla cambios de 10 a 12 artículos constitucionales, se apruebe y se establezca “Que la Guardia Nacional se sujete al ámbito civil y al fuero civil”, lo que sería un gran paso para la desmilitarización de la seguridad pública y la seguridad interior que ha tenido nulos resultados.