Oportuna y sabia rectificación

Guillermo Fabela Quiñones

En Las Analectas de Confucio encontramos una máxima que viene al caso en este momento: “El error no es cometerlo sino no rectificarlo”. Se infiere que la corrección debe hacerse sin tardanza, para evitar las consecuencias que se derivarían del yerro. Esto habría sucedido más temprano que tarde si el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconoce que se cometió una pifia en el Presupuesto de Egresos de la Federación con respecto al monto que debía otorgarse a importantes universidades públicas. Lo que habrá de distinguir al régimen del cambio verdadero del neoliberalismo reaccionario, es el trato preferencial a la educación en materia presupuestal y de políticas públicas acordes con el artículo tercero constitucional. Es una prioridad ineludible rescatar al sistema educativo mexicano del pantanal al que lo condujo la tecnocracia, con la perversa encomienda de privatizarlo y obstaculizar aún más a las clases mayoritarias alcanzar una mejor calidad de vida. No sería justo ni razonable seguir por la misma ruta trazada hace más de tres décadas en materia educativa. De ahí la importancia de la enmienda pública hecha por López Obrador, la cual debe reflejarse en el presupuesto. Hay mucho que hacer para remediar los males que los tecnócratas le hicieron al país, primordialmente en un área tan sensible como la educación pública. En esta rama de la administración del Estado no se gasta sino que se invierte, a sabiendas de que la recuperación se tendrá con creces. Sin embargo, para ello es indispensable un compromiso ético de las autoridades universitarias de ejercer los dineros públicos con honestidad, eficiencia, transparencia y sin derroches ajenos a la realidad social y económica del país. Es preciso que haya reciprocidad para que se avance como es urgente, no sólo para dar el salto cualitativo que demanda la sociedad, sino para definir rumbos acordes con las posibilidades científicas y humanísticas que se generan con el progreso. Este concepto es válido porque a la tecnocracia no le interesaba en modo alguno que las universidades públicas se manejaran con honestidad y eficiencia, situación de la que se aprovechaban altos funcionarios universitarios para actuar de manera poco transparente, afectando así a sus propias comunidades. Esta situación debe modificarse de inmediato, porque ahora el compromiso de impulsar la educación pública superior es del Ejecutivo, realidad que se podrá aprovechar sustancialmente en la medida que caminen juntos gobierno federal y comunidades universitarias. Ni qué decir tiene que el futuro de México dependerá de la firmeza que se logre en el amalgamamiento de la educación pública con el Estado. Las obligaciones y derechos de una parte y la otra deben ser mutuos, bajo el compromiso de que se deben tener resultados conforme al cumplimiento de las partes en un contexto de austeridad republicana, factor que jamás le importó a la tecnocracia reaccionaria. No hay que olvidar que éste será un gobierno de transición, en el que se deberá sembrar firmemente la semilla del cambio estructural hacia un régimen democrático y progresista. No sería razonable ofrecer a la ciudadanía metas que serían incumplibles, pues cabe recordar que la tecnocracia apátrida, desde antes de 1983 se dedicó a socavar las estructuras de un Estado, si no democrático sí preocupado por no profundizar la desigualdad.

([email protected])

Twitter: @VivaVilla_23