Por Uuc-kib Espadas Ancona
Después del terremoto electoral de julio, los distintos espacios políticos del país se recomponen, y Yucatán no es la excepción. Con un escenario plural en lo electoral y en lo legislativo, distante del longevo bipartidismo, los distintos actores se adaptan lentamente al nuevo estado de cosas. Los gobiernos panistas, los de mayor peso local, tienen sin duda una monumental tarea en este terreno, que se hace evidente en las restricciones financieras que enfrentarán a partir de 2019, pero que va mucho más allá de ellas. Me parece de la mayor relevancia que los panistas que accedieron a posiciones de gobierno en virtud de la voluntad de los ciudadanos, sean capaces de distinguir los límites que esa indiscutible legitimidad les impone en las nuevas condiciones electorales.
Los triunfos panistas en Mérida y en el Estado se lograron con votaciones minoritarias y, adicionalmente, con porcentajes de votos menores a los logrados por el blanquiazul en pasadas elecciones. Esto no impacta de ninguna forma su legitimidad democrática, pero sí obliga al PAN a evaluar las razones de este decrecimiento electoral. Más aún, impone a los gobiernos panistas revisar unas políticas públicas que, manifiestamente, no satisfacen a seis de cada diez de sus gobernados. Ahora bien, el contexto que permitió sus victorias indica, con claridad, la razón fundamental de la continua pérdida de popularidad de Acción Nacional.
El PAN logró ganar las elecciones municipales en Mérida y para gobernador del Estado, pese a tener minoría de votos en ambos casos, gracias a que la corriente tradicional de voto priísta se fracturó en favor de Morena. Es decir, la derecha pudo ganar porque un segmento importante de votantes se desplazó hacia la izquierda. El significado de esto es que por primera vez, una corriente significativa de votantes se ubica a la izquierda del PRI moviendo, por tanto, el centro político electoral en la misma dirección. En síntesis, a partir de 2018, el PAN está quedando muy a la derecha a la mayor parte del electorado de Yucatán y, con especial significancia, al de Mérida. Sin embargo, dentro de las muchas preocupaciones evidentes de los gobiernos panistas, no se percibe la de acercarse a esas mayorías hoy opositoras. Por el contrario, puede observarse una insistencia tenaz en sus tradicionales prácticas plutocráticas.
En su vinculación con la sociedad, como en anteriores gobiernos del PAN, los actuales han dado una total prioridad a atender los requerimientos del sector empresarial, sin establecer siquiera una interlocución eficaz con la mayoría de la población y las organizaciones sociales que pudieran representar a sus distintos segmentos. Esto resulta evidente, por ejemplo, cuando se observa la conformación de distintos órganos consultivos de estos gobiernos, que se integran con un desproporcionado número de representantes empresariales, después de alguna otra élite, como los colegios profesionales y, de forma muy minoritaria y excepcional, voceros de trabajadores, sindicatos, organizaciones vecinales u otras representaciones populares.
De manera totalmente consistente con esta visión, los intereses empresariales son privilegiados como si se tratara de intereses generales de la población. Esto es sistemáticamente defendido bajo el formulismo ultra-simplista de que son las empresas las que crean empleo, y que, por tanto, lo que las beneficia a ellas beneficia a la sociedad. Podemos así entender que no encuentren contradicción entre, por un lado, cancelar la principal fiesta popular del Estado, el Carnaval de Mérida, esgrimiendo entre otras cosas su impacto negativo sobre el comercio en el Paseo de Montejo, pero, por otro lado, sí cerrar esa avenida para llevar a cabo -por cierto, sin ningún sentido de oportunidad- un festival de trova por cuyo acceso se cobraba. Lo mismo podemos encontrar en la solidaridad gubernamental con los reclamos de las cúpulas empresariales a la Comisión Federal de Electricidad, al tiempo que los prolongados abusos de la paraestatal sobre particulares jamás generaron la mínima atención.
No encuentro, pues, evidencias de que Acción Nacional esté considerando, en su proceso de adaptación al nuevo contexto político local, acercarse a las demandas mayoritarias de la población, sino de que, por el contrario, se afianzará en el proyecto oligárquico en que se ha empeñado de unos años para acá. Tal vez en un sentido estrictamente pragmático, tenga razón. Nada permite, tampoco, pensar que el bloque electoral popular fracturado en 2018 vaya a recomponerse en el futuro previsible, por lo que con su minoría estable, el PAN podría mantenerse indefinidamente en los gobiernos de Mérida y de Yucatán.