Porfirio Muñoz Ledo
Hace unos días se fijó el salario mínimo para 2019 en 102.68 pesos y en los estados fronterizos en 176.72 pesos, lo que representa un aumento de 16.2% y del 100% respectivamente. Es una buena noticia para las familias que obtiene remuneraciones bajas y representa un anuncio significativo de que va a combatirse la disparidad de ingresos entre de los mexicanos y apartarse del modelo neoliberal. Por primera vez en veinticinco años, dicho monto se ubica por encima de la Línea de Bienestar determinada por el Coneval. Los mismos empresarios, a través de sus organizaciones, han aplaudido la medida, ya que después de tanto tiempo con bajo crecimiento económico, han entendido la necesidad de ampliar el mercado interno y estimular la productividad.
En 1976 –cuando el salario perdía dramáticamente su capacidad adquisitiva– y era yo secretario del Trabajo, lanzamos una campaña de protección al consumo, que implicaba la revisión de los salarios mínimos, que en primera instancia recibió una acogida hostil de los empresarios. Finalmente y mediando aplazamientos generales de huelga, se logró aumentar el salario en 20%, 22% y 23% acumulativos, alcanzando así su máximo histórico. Se libró un debate interno en el gobierno, entre quienes pensábamos que la elevación de ingreso de los trabajadores no representa automáticamente un incremento en la inflación y quienes siguen afirmando lo contrario. Nuestros oponentes contaban con el apoyo irrestricto de la Secretaria de Hacienda y del Banco de México. Para desgracia de su tesis, durante el sexenio de Miguel de la Madrid se restringieron severamente los salarios mientras que la inflación incrementaba drásticamente.
Todavía algunos sectores menosprecian esta política calculando que sólo beneficia a 8 millones de trabajadores. Ignoran su repercusión sobre todo el universo salarial. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha probado de modo irrefutable que los salarios mínimos impulsan a los contractuales e incluso al ingreso de los trabajadores informales, sea en su elevación o en su caída. También que “subir el salario mínimo no daña el empleo, sino que se convierte en la base económica sobre la que se edifica el progreso de las naciones”. Desde el ángulo de la justicia debiera hacerse un cómputo matemáticamente más exacto, ya que el salario pierde todos los días frente a la elevación de los precios y cuando ocurre su aumento –un año después– ya perdió un leve porcentaje en el curso de 365 días que jamás se recupera. Esta es la razón por la que teóricos avanzados han planteado la elevación de los mínimos cada mes. Podría ser incluso cada día, si la pérdida a que aludimos fuera un componente del salario que se otorga.
A pesar de la acertada decisión del gobierno entrante, el salario mínimo establecido se encuentra todavía por debajo de lo que ordena el mandato constitucional. El artículo 123 establece que el ingreso mínimo “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia”. Por su parte la Convención de San José precisa que los gastos de todo el núcleo familiar debieran ser cubiertos con un solo salario. Es conveniente subrayar que el próximo salario mínimo cubre únicamente la línea de bienestar del trabajador y no de su familia. El número de personas que en promedio habitan un hogar en México es de 3.7 personas (INEGI) –dos proveedores de recursos y dos dependientes económicos–. En consecuencia, el objetivo por alcanzar de inmediato sería la elevación del salario mínimo a 201.43 pesos diarios, lo que equivale a $6,123.54 mensuales por trabajador.
No existe proyecto viable de modernización que no ponga en el centro la elevación de los salarios y la recuperación de los derechos laborales. La política que adopte al respecto definirá la orientación del nuevo gobierno. Presentaré una iniciativa de reforma legal que obligue a la Conasami a obedecer los criterios relacionados con los índices de bienestar y el número de personas que componen el núcleo familiar. Estoy cierto que la mayoría congresional aprobará esta propuesta.