Carlos RamírezIndicador Político
La crisis huachicolera en Tlahuelilpan, Hidalgo, se perfila como el Ayotzinapa del gobierno actual; y no por responsabilidad directa en la tragedia, sino porque reveló la ausencia por segunda ocasión de una verdadera estrategia de seguridad.
Y de nueva cuenta, de manera oportunista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está distrayendo las primeras indagatorias al involucrar al Ejército por no actuar contra el pueblo, cuando las fuerzas armadas tienen quejas por meterse en asuntos civiles. El Ejército en Tlahuelilpan carecía de facultades legales para intervenir porque no se trataba de un asunto de seguridad nacional directa y en seguridad pública siempre acompaña a la autoridad civil.
Lo grave de la crisis de seguridad se localizó en la ausencia de las autoridades legalmente facultadas para atender el asunto: las policías municipales y estatal, la Policía Federal y la Gendarmería y la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana.
La inacción militar que asume la CNDH no existe en las leyes, lo que debería saber el presidente Luis Raúl González Pérez; existe negligencia. Pero las autoridades militares sólo pueden hacer lo que faculta de manera explícita la ley. Y en primer lugar debe concluirse una investigación pericial de la Procuraduría/Fiscalía y sobre los resultados podría la CNDH determinar si hubo violación de derechos y garantías. Paradójicamente, los militares respetaron el derecho lopezobradorista de los habitantes de la zona pobre del país a paliar su pobreza con el robo por necesidad y ahora quieren culparlos de ¡proteger los derechos humanos!
Las autoridades quedaron pasmadas ante el incidente, no activaron los protocolos de seguridad para situaciones de vandalismo delincuencial y tampoco movilizaron a policías de los tres niveles de gobierno ni a la PF ni a la Gendarmería. La zona de la fuga de gasolina fue tierra de nadie. La partida militar actuó con sensatez y ahora la CNDH quiere culparla de no haber reprimido a las personas que danzaban alrededor de la fuga y se robaban el combustible.
Lo que sorprende es la ignorancia oportunista de la CNDH: su queja o expediente abierto debió haber sido contra las autoridades de seguridad pública estatales y federales. Los militares colaboran en acciones de seguridad pública, no son la autoridad in situ. Las quejas en la CNDH contra presuntos abusos militares tienen que ver justamente con la acción ante ataques criminales, en persecución de delincuentes o en apoyos a policías.
En todo caso, el expediente abierto en la CNDH por la supuesta inacción de los militares en la zona de la fuga de gasolina es sencillamente una trampa política que tiene que ver con el tiempo real del debate sobre la Guardia Nacional a la cual se opone ese organismo.
En términos políticos, el caso de Tlahuelilpan será el Ayotzinapa del gobierno del presidente López Obrador: la responsabilidad de los protocolos de seguridad en un incidente que duró cinco horas entre la fuga de gasolina y la explosión. Como en Ayotzinapa, el Estado no fue culpable, pero en el proceso de la crisis y su salida criminal hubo negligencia del Estado. Paradójicamente en Ayotzinapa los militares carecían de facultades para intervenir y siguen siendo señalados como responsables directos. Y también de manera curiosa, el PRD lopezobradorista y Morena lopezobradorista aparecen como autoridades municipales directas en las dos crisis.
Los militares sí tienen capacidad de fuerza, logística y movilización para atender casos de euforias sociales negativas, pero para aplicarlas necesitan de protocolos y reglamentos. De eso justamente se trata en el debate del concepto de seguridad interior en el tema de la inseguridad y de la Guardia Nacional.
Al gobierno actual le falló todo: sensibilidad, operativos, previsión y sobre todo información de inteligencia sobre la configuración, accionar, dominio regional y capacidad de corrupción de los huachicoleros como cártel del crimen organizado. El gobierno actual no puede responsabilizar a gobiernos anteriores porque han tenido 50 días para poner en marcha un plan agresivo de combate. El cierre de ductos fue una decisión errónea; al reabrirlos, las bandas huachicoleras mandaron su mensaje de muerte.
La tragedia de Tlahuelilpan también evidenció que el debate sobre la inseguridad no radica en un Plan de Paz, sino que debe ir acompañado de una estrategia de combate a las bandas criminales. Y que la seguridad cometería el peor de sus errores si sigue subordinándose a contentillos políticos radicales. Calderón y Peña Nieto se lanzaron contra los carteles, pero López Obrador se preocupa por la sociedad. Pero ninguno de los tres ha presentado una estrategia integral.
La falla en la tragedia de Tlahuelilpan no fue de la partida militar, sino de la estrategia de seguridad del gobierno actual. La politización y socialización de la seguridad abandonará a la sociedad en manos de sus propias pasiones y de las bandas criminales.
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