Francisco Javier Pizarro Chávez
El miércoles 9 de octubre de esta semana, personal académico y trabajadores de supuestamente 30 universidades públicas, entre ellas la Universidad Autónoma de Chihuahua, realizaron un paro laboral a lo largo y ancho del país.
El paro laboral fue en primer término en protesta por las “restricciones presupuestales” del gobierno federal al sistema de educación superior y en segundo lugar, en demanda de que se entregue a 9 universidades en situación de crisis financiera que no tienen ni para pagar sueldos la próxima quincena de octubre y mucho menos sus prestaciones laborales y aguinaldo.
El líder de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Conatu) que convocó y organizó esta suspensión de labores, dio a conocer la noche del día anterior, que habían sostenido ya una negociación con funcionarios federales de la Secretarías de Educación y de Hacienda, quienes les dijeron que “ya tenían una ruta de solución” para dar un apoyo extraordinario a las universidades en bancarrota.
Así mismo agregó que ya tenían programado una reunión con la Cámara de Diputados, la Conferencia Nacional de Gobernadores, funcionarios de Educación Superior y otras instancias, para llegar a un acuerdo presupuestario, antes de que se apruebe en noviembre.
No obstante ello, decidieron hacer el paro universitario, lo que el presidente de la República en su conferencia mañanera calificó como un “chantaje”. “Aunque se pare el país –dijo— su gobierno no va a estar a expensas de chantajes”. Señaló empero que si la petición de más recursos por parte de las universidades es justa, sin duda se tiene que responder.
Ambas partes están en lo cierto, pero no en lo correcto. El presidente dice que debe haber orden administrativo. “Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que actuar con disciplina porque si se da dinero a diestra y siniestra pues entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar los impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos como era antes, pedir prestado, aumentar la deuda, eso ya no”.
Reiteró que en su administración todos están obligados a actuar con austeridad (La Ley respectiva ya fue aprobada por la Cámara Baja el martes pasado), por lo que las universidades no son la excepción. “Sí se puede hacer ahorros y priorizar, por ejemplo, considerar el pago de maestros, no gastos superfluos”. Los impulsores del paro de universidades, por su parte, se hacen los occisos. Hasta ahora se quejan del presupuesto, cuando desde 2012 y 2013, se generó a nivel nacional en la Educación Superior un colosal desorden administrativo y financiero y también graves actos de corrupción, privilegios y prebendas, como lo ilustraremos más adelante.
Por ejemplo, la “Estafa Maestra” que tiene en prisión a la ex secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso al descubierto que 9 universidades de diversas entidades, empezando por la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, La Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez de Tabasco y la Universidad Popular de Chontalpa, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Tecnológica de Tabasco y el Instituto Superior de Comalcalco, fueron comparsas y partícipes, del desvío de 7 mil 670 millones de pesos de las arcas públicas.
A los rectores de estas instituciones educativas en ese entonces, les destinaron mil millones de pesos, más un 10% o un 15% adicional de comisiones, para entregar contratos millonarios a 186 empresas “fantasmas”, 128 de las cuales –se descubrió– no contaban con infraestructura, ni personalidad jurídica para brindar los servicios para las que fueron contratadas.
Me pregunto ¿a dónde fue a dar ese desvío de recursos? Evidentemente no preexistió en las arcas de las universidades que hoy no tiene dinero ni para pagar el sueldo de los maestros y trabajadores, ni sus prestaciones.
¿Cuántos de los rectores de esas 9 universidades que están hoy en crisis financiera estuvieron involucrados en esos actos de corrupción? Vale la pena que se investigue a profundidad. No es casual que la mayoría de ellas se ubiquen en las entidades en las que hicieron fraudulentos convenios de la “Estafa Maestra”, como Edomex, Chiapas, Morelos, pero en particular las universidades, politécnicos e institutos de Tabasco.
Por lo que hace a la administración financiera, educación de calidad, investigaciones y difusión de la cultura, ejes fundamentales de toda educación superior, están por los suelos y las partes en conflicto deben llegar a un acuerdo.
Son muy escasas las universidades públicas que han renovado sus programas educativos, metodología e investigación y se han enfocado a mejorar la calidad educativa de sus alumnos y capacidad de sus maestros. La inmensa mayoría de ellas permanecen ancladas al pasado, están supeditadas al gobierno en turno y no tienen otro interés que el de preservar ellos, sus amigos y familiares, sus canonjías y privilegios.
Ejemplo de ello es nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach), en proceso de departamentalización, con el cual buscan ahorrar gastos, según se ha difundido.
La Uach es una de las escuelas públicas de educación superior más caras de todo el país. Las cuotas de inscripción fluctúan desde hace algunos años ya, entre los 4 mil y los 9 mil pesos (Odontología 2017). Sin embargo, el rector Luis Alberto Fierro, dice que es la cuarta universidad que menos recursos reciben de las partidas presupuestales de la federación y el Estado y por ende “sólo tiene recursos para pagar sueldos”.
Aunque no está como otras universidades en una situación de crisis financiera y en consecuencia la va a librar este año, el próximo no pinta nada bien.
La Uach adeuda alrededor de 93 millones de pesos a Pensiones Civiles del Estado, ya que dejó de pagar las cuotas patronales desde 2007, cantidad que el Rector dijo era “una deuda impagable” pues ha crecido con la reforma legal de 2014, la cual aumentó las cuotas patronales para la seguridad social de catedráticos y empleados universitarios.
Por lo que se refiere a la nómina, el 90% de sus ingresos se destinan al pago de sueldos e impuestos, según lo divulgó el mismo rector, por lo que están solicitando también un aumento del subsidio de 2 mil 500 millones de pesos.
Lo que no se dice, sino por el contrario se busca esconder, es el exorbitante sueldo y compensaciones que percibe el rector, sus secretarios de la Rectoría, los directores de las facultades, secretarias, y jefes de departamentos, entre otros.
Según la información presentada en la Fracción VIII del Artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en diciembre de 2017 el rector tuvo una remuneración entre sueldo y compensación cercana a los 300 mil pesos mensuales (285,756.34 pesos para ser exactos). Otros 9 funcionarios cuya función y nombre no viene al caso difundir, percibieron un sueldo superior a los 100 mil pesos en diciembre de 2017. En el portal de transparencia de la Uach, los datos son otros: el rector tiene un sueldo neto de $41 mil, 879.10 y una compensación de $53,8882.00, sumando ambos, una remuneración mensual de $ 95 mi761.10.
En contraparte, un maestro de contrato por hora tiene un sueldo de $90.000 pesos y, uno de tiempo completo, percibe un sueldo de entre $17,000.00 y $19,500.00 sin contar los impuestos que devenga.
Estas vicisitudes y entuertos absurdos entre las Universidades y Gobiernos, me recuerdan una estrofa de una canción del famoso grupo musical Los Apson que a la letra dice. “Por eso estamos como estamos, Por eso nunca progresamos, Si tal parece que gozamos, Poner las cosas al revés”.