Por Carlos Ramírez
Indicador Político
La crisis financiera en las universidades públicas es cierta, las percepciones presidenciales sobre corrupción son mucho más irrefutables y los responsables son tres instancias: los sindicatos que asumen las universidades como empresas productivas, los rectores que nunca se han preocupado por construir un modelo de negocios sociales de la educación superior y la estafa maestra de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Peña Nieto que abrió el apetito universitario en contratos.
A pesar de la posibilidad de análisis de los presupuestos universitarios realizados por la Auditoría Superior de la Federación, las finanzas universitarias se operan sin rangos profesionales, los rectores tienen bolsas millonarias para alianzas y beneficios y el crecimiento de personal laboral y académico está manipulado por los intereses sindicales.
Bajo la aureola de la autonomía, las universidades públicas se dedican a pedir y pedir dinero fiscal a Hacienda, pero se niegan de manera sistemática a transparentar sus gastos y no han realizado esfuerzos para reorganizar sus presupuestos de egresos, entre ellos el más importante: los costos sindicales para pensiones y gasto en seguridad social.
La crisis presupuestal en las universidades públicas significa el colapso del modelo educativo construido por el PRI. En una población educativa de nivel superior de alrededor de 9 millones de personas, la educación pública federal y estatal sólo puede atender al 22%.
Uno de los problemas presupuestales de las universidades es la carga laboral de sindicatos creados bajo la ideología socialista de izquierda, pero para defender derechos laborales de derecha. El modelo sindical universitario fue político e ideológico en 1977, a partir inclusive de una huelga promovida por militantes y aliados del Partido Comunista Mexicano. Como el PCM no pudo abrir las puertas de los sindicatos del sector productivo, se dedicó a organizar a los trabajadores de universidades.
En la UNAM estalló una huelga el 20 de junio de 1977 y la SEP dirigida entonces por el priísta Porfirio Muñoz Ledo careció de argumentación. En julio la policía capitalina dirigida por Arturo El Negro Durazo entró a desalojar la Universidad porque la huelga fue decretada inexistente. Al final, el gobierno federal aceptó al Sindicato de Trabajadores de la UNAM y desde entonces ha significado un poder político, económico y de protesta social.
Con poca capacidad de generar recursos propios y dependiente en un 75% de subsidios gubernamentales, las universidades permitieron el control sindical en los campus no sólo a nivel de trabajadores de planta, sino que a ellos se sumaron los académicos. Los contratos colectivos de las universidades tienen una carga creciente de subsidios y beneficios a trabajadores, empleados y académicos, dejando pocos recursos para tareas de modernización y expansión.
El sindicato de la UNAM es un factor de poder político universitario, sindical y político, con cargo al presupuesto de la UNAM. De 1977 a 1991 fue dirigido por Evaristo Pérez Arreola, un período de tres años de Nicolás Olivos Cuéllar y desde 1997 a la fecha —22 años— por Agustín Rodríguez Fuentes. En este período, la calidad sindical, educativa y de relaciones internas se deterioró en la UNAM y el sindicato fue corresponsable.
Como el fin del modelo priísta de las universidades ya terminó, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso la realización de una Convención Nacional Universitaria para la reorganización total del sistema universitario: subsidios, rendición de cuentas, cargas laborales y académicas, rectorías, programas de estudios para la producción y sobre todo la urgencia de crear un sistema de cobro de cuotas ante la imposibilidad de subsidiar la educación.
El subsidio está atado a salarios castigados y entonces esos subsidios se convierten en salario no monetario que amarra la lealtad del subsidiado a los intereses de quienes subsidian, atando con ello la libertad de cátedra. Hoy la característica de las universidades públicas es el desorden, la opacidad y la precariedad.
Por ello hay razón en quienes piden una reorganización de las universidades y no liberar subsidios para mantener el status universitario que poco sirve a los estudiantes y a la educación.
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Barbosada II. Mucha preocupación entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral por la propuesta indirecta del gobernador poblano Miguel Barbosa al señalar que Dios castigó el supuesto fraude electoral en las primeras elecciones de gobernador de 2018. En el INE creen que Morena, impulsada por Barbosa, está preparando una iniciativa de ley para desaparecer el INE y convertir a Dios en el fiscal contra delitos electorales. A ver quién se atreve a realizar un fraude si desatara la ira de Dios en su nivel máximo: la muerte. Al grito de ¡cuídense, mapaches!, Morena dará la solución definitiva al problema del fraude electoral. De la que se salvó el tabasqueño-poblano Manuel Bartlett: lo que no es en tu año (1988), no es en tu daño.
Política para dummies: La política es el enfoque integral de los problemas, no los intereses de un grupo.
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@carlosramirezh