José Miguel Rosado Pat
Se habla de un estancamiento en la economía del país. Ciertos sectores de la iniciativa privada han manifestado su descontento con la política de austeridad implementada por el gobierno de la república. Sectores como el de la construcción se encuentran “detenidos” –señalan–, pues no se ha otorgado obra pública desde el inicio de la actual administración. Estamos a un año de la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador y, si bien se registra un crecimiento mínimo (del 0.3% al 0.5 %), su aprobación entre el grueso de la población se sostiene en poco más del 70%. Es natural que sufra desgastes, sobre todo porque, el Presidente (no puedo decir lo mismo de su gabinete) se ha lanzado en una cruzada de refundación nacional. Esto significa que el sistema político está sufriendo cambios, en algunos sectores radicales y, en otros, aunque de manera pausada, no menos violentos.
Sin entrar en detalles de lo que está “bien” o “mal” en el gobierno del presidente Andrés Manuel y en las acciones de los miembros más prominentes de su equipo, es preciso observar que todo cambio, sea o no por la vía armada, trae períodos de transición, los cuales se caracterizan porque los resultados –positivos y negativos– se reflejan en los años próximos, tal como sucede con cualquier política pública, cuya ejecución lleva de entre tres y cinco años para dar los primeros resultados, según sea el caso particular y el área de la administración pública en el que se aplique. El Presidente es un hombre de convicciones fuertes. No olvidemos que pasó 18 años recorriendo el país con un solo objetivo en mente: ser Presidente de México. Hoy, su presencia en Palacio Nacional ha sacado a flote, y a la vista de todos, que México es un país donde gran parte de la iniciativa privada funcionaba únicamente gracias a los contratos gubernamentales.
Conozco empresarios que achacan al Gobierno de la República la crisis que golpea sus “empresas” y, por supuesto, su estilo de vida. Muchos de ellos han sostenido sus negocios a base de contratos y concesiones de las dependencias estatales y federales. Por poner un ejemplo, sólo en esta semana platiqué con cuatro choferes de UBER que fueron despedidos de sus trabajos por recorte de personal. Les pregunté de sus empresas, de los dueños, de los accionistas y de las actividades y del giro de la empresa. En dos de los casos eran empresas que vendían medicamentos al sector salud del Gobierno del Estado, ambas quebraron después de 7 y 11 años de brindar el servicio. ¿Cómo empresas que llevan 7 y 11 años en el mercado pueden quebrar en cuanto les son retiradas las concesiones gubernamentales? Ahondando un poco más descubrí que, en ambos casos, las empresas se encontraban vinculadas a funcionarios del mismo sector salud, de administraciones estatales pasadas. Casos como estos hay muchos. Constructoras, distribuidores de materiales de oficinas, de limpieza, de equipamiento; desde las pequeñas hasta las más grandes, todas basaban su principal ingreso en los contratos o concesiones que recibían de los gobiernos federal, estatal o municipal.
Cierto, no podemos ignorar que el Estado es el principal consumidor y detonante de la economía.
Sin embargo, la 4T ha evidenciado la debilidad de muchos sectores de la “iniciativa privada” (sí, entre comillas).
Yucatán no es la excepción al resto del país. En lo personal no comprendo cómo puede haber empresarios exitosos que se la pasan en el café o en los clubes sociales; la mayoría de los empresarios que conozco, realmente exitosos, lo atañen a su disciplina y, por sobre todo, a la supervisión directa y su presencia, totalmente necesaria, en sus negocios. Y de esto sí estoy convencido. Sea el más modesto tendejón de la esquina o un enorme corporativo; todo negocio requiere de la presencia y seguimiento absoluto de sus principales interesados. En Yucatán, no son pocos los que han acumulado fortuna a través de la venta de facturas y el lavado de dinero. Lo lamentable es que muchos empresarios honestos optaron por la vía fácil de comprar facturas, en vez de asesorarse adecuadamente y pagar los impuestos que debieran.
El punto es que, con el neoliberalismo, las políticas del monopolio y de la extracción se arraigaron tanto que las reglas de juego eran creadas para no ser respetadas. De esa manera es más fácil acudir al político para “pedir” una disminución de los créditos fiscales o, simplemente, evadir el pago de impuestos mediante múltiples vías de hacer fraude.
En este entramado de empresas subsidiadas por el financiamiento público, operan otras redes de tráfico de influencias y compadrazgos que se consolidaron lo suficiente como para generar una economía, en gran medida, ficticia. Si bien generan empleos (en su mayoría mal pagados), incentivan la economía y dotan de liquidez en ciertos sectores, esto no les exenta su condición de empresas subsidiadas, poco rentables y competitivas, cuya única fuente de ingresos proviene del sector gobierno.
Es por ello que el hecho de cerrar la llave del financiamiento público ahoga a un elevado número de empresas, las cuales habían sido creadas, desde sus inicios, a partir de los personajes que ostentaban el poder, los que suelen usar prestanombres y familiares para poner al frente de dichas empresas.
Este modelo se reproduce en los tres niveles de gobierno y, me atrevo a decir, en todo el sector público y de los tres poderes. Esto nos permite entender porqué un número significativo de empresarios, y hombres y mujeres de negocios, han manifestado su descontento con la política de austeridad. La mentalidad del subsidio proviene de las clases altas, las cuales han estado acostumbradas a arriesgar y perder el dinero público y no el capital propio.
Lo anterior es un efecto natural: la clase neoliberal representa a las élites financieras y extractivas, a los empresarios ligados a las cadenas de exportación donde predomina el capital transnacional.
A eso le agregamos que, dentro de la política neoliberal (no precisamente siempre en todo capitalismo), una de las estrategias para que la iniciativa privada y las mismas instituciones del Estado se mantengan débiles, es el fomento de la corrupción, la cual funciona como instrumento de cooptación de los servidores públicos, sobre todo en los niveles más altos. El sistema neoliberal es cien por ciento corruptor. No es casualidad que instituciones como el INAH sea, particularmente, ineficiente. El neoliberalismo desmantela instituciones para permitir la corrupción y dejarla como “la única opción posible” para avanzar en un acuerdo con dependencias o hasta juzgadores. Al final, el neoliberalismo terminó por implantar un modelo sostenido en la ilegalidad y en la corrupción más artera. Nadie está exento de haber jugado bajo las reglas del sistema neoliberal, al fin que con ellas trabajamos en los últimos 36 años.
La cruzada del Presidente es de lo más arriesgada y peligrosa. Monreal ya lo dijo antes: el gabinete no responde al mismo proyecto ni a la visión del nuevo desarrollismo que defiende el mandatario.
No podemos esperar cambios radicales en un breve período de tiempo, sobre todo porque implantar un modelo económico nuevo de desarrollo en un entorno de dominio financiero y productivo neoliberal, caracterizado por los monopolios, prácticas económicas de extracción, creación de riquezas desmedidas e inexplicables y la creación de una clase empresarial con mentalidad de subsidio.
No será fácil la recuperación ni parece dar signos de darse pronto. Las redes que operaban en el esquema económico neoliberal están metidas hasta la médula, aún poseen estructuras legales y reales de amplio dominio financiero, industrial y comercial.
Tengamos confianza. No estamos ante la implantación de una economía socialista, sino de un capitalismo basado en el desarrollo, con sus aciertos y desaciertos que, seguramente, veremos en los próximos años.