En favor de las mujeres

-La Justicia podrida no sólo afecta a las mujeres, también desangra al país. Rayuela, nov. 30, 2019.

Y sobre todo de las más necesitadas como veremos. Aprovechando la nota que se refiere a la deuda contraída por la sociedad entera contra las mujeres y, sobre todo, contra aquellas mujeres privadas de su libertad que sufren cárcel vamos a sugerir algunas propuestas que hace tiempo ya se habían comentado en diversos círculos amistosos de gente interesada y preocupada por la administración de justicia. Hagamos coincidir esta intención con la fecha del día de la No Violencia contra la mujer.

Este renglón ha sido muy delicado porque muy pocos confían en jueces, magistrados, ministros y todo lo que tenga que ver con la administración e impartición de justicia. Las condiciones carcelarias son de lo peor, se reproducen ahí las injusticias y los abusos que sufren todos aquellos que no tienen recursos, amistades, defensores que vean por ellos. Más de una vez tuvimos que acudir al CERESO de Atlacholoaya y comprobar estas condiciones.

Una de esas ocasiones fue cuando detuvieron a los que protestaron contra la venta y el remate del Casino de la Selva para instalar ahí un centro comercial. Otra ocasión tuve que intervenir para detener la agresión que sufrió un profesor acusado injustamente –por la madre de una niña– de abuso sexual. Y una más para atestiguar en favor de un trabajador a quien le habían vendido fraudulentamente una camioneta.

Permítanme abusar de su paciencia y contarles un par de cosas de las muchas que hemos experimentado.

Una vez llegó una señora al Semanario Correo del Sur del cual éramos responsables. Llegó con un niño pequeñito y me dijo sin más que su esposo llevaba 6 meses en la cárcel y que sabía que en ese mes –septiembre– las autoridades tenían la bondad de liberar a uno o 2 presos de buena conducta. Hablé con el director del CERESO, el Lic. Guillermo Gómez Arana, hombre prudente y notable que me escuchó con atención y al día siguiente, sin esperar la fecha, liberó al inculpado que trabajaba como peón de albañil, preso porque se había llevado la bicicleta de su patrón que no le había querido pagar ese sábado.

Otra. Una de las ocasiones que utilicé la tribuna del H. Congreso (fui diputado local pero eso lo digo aquí, en voz baja) narré la triste historia de Pedro N., quien viajaba de Guerrero a Morelos en transporte público. El compañero de asiento de Pedro se percató de que había un retén y bajó del autobús dejando en el sitio una bolsa con mariguana. Pedro N. fue detenido, acusado y sentenciado. Un conspicuo abogado de la Fundación Best me puso en antecedentes, así que tomé la palabra y cuestioné al experimentado juzgador para preguntarle públicamente cómo integró todo ese proceso, es decir, cómo tomó la declaración de Pedro N., su confesión de culpabilidad, de dónde traía esa droga, a quién se la entregaba y cuánto le pagaban… porque Pedro N. ¡era sordomudo! Al día siguiente Pedro N. había sido liberado.

Son sólo un par de ejemplos de cómo se ceba la justicia con los más pobres y desheredados de este mundo.

No recuerdo cómo pero en una de esas ocasiones platiqué por algunos minutos con unas prisioneras, jóvenes y mayores, que me pidieron amablemente les llevara –en cuanto pudiera– servilletas, hilos y agujas para que pudieran bordar los dibujos de esas telas que luego venderían y así poder pagar sus alimentos. Repito, eran mujeres jóvenes –algunas con niños pequeños que vivían ahí– y señoras mayores, algunas de la tercera edad. Al preguntar a abogadas enteradas me explicaron que muchas de ellas, madres o esposas de delincuentes, se encontraban en esa situación porque se habían inculpado de los delitos cometidos por sus esposos o sus hijos, lo peor es que ya se encontraban sentenciadas.

Aquí las propuestas colectivas sobre todo de abogadas que nunca han sido escuchadas: Bien podrían integrarse uno o varios equipos, los que se necesiten, de eminentes jurisconsultos –hombres y mujeres de buena voluntad– que no cuenten con empleos estables o que no sean parte de algún prestigioso despacho con el objetivo y propósito de revisar todos esos expedientes y resolver en favor de estas mujeres abandonadas y olvidadas por todos, por sus propios familiares, esposos, hijos y conocidos. El Gobierno del Estado tendría que responsabilizarse del pago de estos profesionales. Sería una inversión pública muy importante, una labor política de altura y, además, reduciría la sobrepoblación carcelaria sin necesidad de pensar en construir más cárceles, lo cual se consideraría un retraso sociocultural pues no deberíamos necesitar ni más cárceles ni más hospitales.

Puede también pensarse en la libertad condicionada o prisión domiciliaria para aquellas que no alcancen el beneficio de su libertad, lo que permitiría que sus niños se desarrollaran en un espacio vital más amplio y sobre todo, saludable.

No dejan de ser tareas de buen gobierno porque de entre los males que deben eliminarse éste es uno de ellos: liberar a los presos, pero también combatir la pobreza y el empeoramiento de la explotación, la escandalosa brecha entre ricos y pobres, la destrucción ecológica, la perversión de los avances reales en democracia, la manipulación ideológica de los derechos humanos…

Como afirma el Sínodo por la Amazonia que ya hemos comentado: El compromiso consiste en vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de las riquezas, propiedades y privilegios, ponerse al lado de los que son perseguidos… luchar por la reparación de injusticias, la defensa de los derechos de los pequeños haciendo efectiva la opción preferencial por los pobres, por los más vulnerables.

Y las mujeres y las niñas son precisamente quienes más han sufrido de estas adversidades. Ya es hora.