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Hubo momentos de las manifestaciones de protesta por diversos motivos, que fueron aumentando en frecuencia, virulencia y violencia (Antorcha Campesina, policías federales, feministas, opositores a la austeridad, al aeropuerto de Santa Lucía, a distribución de medicinas, etc.), ante la APARENTE PASIVIDAD del Gobierno de la 4T, que en realidad ha sido sólo RESPETO PLENO a la Libre Expresión y Manifestación de todos los mexicanos y a su derecho a disentir, como ha reiterado en numerosas ocasiones el Presidente López Obrador.

Tales protestas hoy parecen haber menguado ante la aprehensión del exsuper policía de Felipe Calderón, acusado en Estados Unidos de asociación con el Cártel de Sinaloa (CS), el más peligroso de México por sus alcances financieros, capacidad de trasiego y fuego, violencia y dispersión por todo el mundo, según las agencias de Seguridad estadounidenses.

Eso parece indicio inevitable de que toda la desestabilización pretendida al gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con tanta protesta, era inducida por elementos políticos asociados o inmersos en la red de corrupción que tejió Genaro García Luna desde que en tiempos de Vicente Fox –siendo ingeniero mecánico, sin estudios ni experiencia previa en seguridad– fue puesto a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la entonces PGR, quien creó y luego extendió su telaraña con los recursos que le allegaba el CS y le permitió infiltrar con corrupción todo el aparato gubernamental, especialmente político y de Seguridad, alcanzando a la misma Presidencia de la República y su Procuraduría, según testimonios que desesperadamente han tratado de desmentir los “presunto implicados”.

Con tales elementos, es oportuno enfocar el tema de la Disensión, Contención o Represión y el combate a los delitos, así como la responsabilidad del Estado y obligación del Gobierno para preservar la tranquilidad y las libertades de su población al mismo tiempo que la Seguridad del Estado.

Todo Estado debe tener un dispositivo de Seguridad, para su propia conservación. Tal dispositivo cuenta con mecanismos de espionaje y contraespionaje, llamados Inteligencia, que si bien nacen dentro de la fuerza armada (Ejército, Marina, Fuerza Aérea), por lo general queda encuadrado en la Seguridad Interior del Estado. Con base en los informes de Inteligencia, se diseñan estrategias, tácticas y acciones para lograr los objetivos de seguridad.

Aunque hay antecedentes tan remotos como el Imperio Romano, donde la Guardia Pretoriana no sólo resguardaba la seguridad del César, sino de todo el imperio, o la actuación de JOSEPH FOUCHÉ, ministro del Interior de Francia cuando la Revolución Francesa y el imperio napoleónico, considerado fundador del espionaje moderno, fue hasta que HERMANN GÖERING creó la Gestapo en la Alemania nazi cuando el dispositivo de seguridad gubernamental estableció como objetivo “Investigar y combatir cualquier actividad que entrañe un peligro para el Estado”.

Si el Estado y más particularmente el Gobierno no dispone de un mecanismo que preserve su seguridad –y con ella la de toda su población y territorio– queda inerme y expuesto ante cualquier enemigo (externo o interno) que pretenda tomar el control nacional para sus propios intereses. Por eso no hay país, por pequeño que sea, que no cuide su supervivencia y deje al azar su propia seguridad. Es un imperativo natural. El mismo cuerpo humano tiene mecanismos de autodefensa para preservar su vida.

En México, desde la época post-revolucionaria, la seguridad del Estado estuvo bajo control del llamado Estado Mayor Presidencial (EMP) cuya SECCIÓN SEGUNDA, de Inteligencia y Contrainteligencia, concentraba los reportes de espionaje o contraespionaje emitidos por las áreas respectivas del Ejército y del aparato civil, distribuidas en la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, DGIPS (de la Secretaría de Gobernación y de los gobiernos de las entidades); el Servicio Secreto de la Policía del Distrito Federal y las Policías Judiciales estatales. Todas expresiones de la mano firme o dura del gobierno que se descargaba contra opositores al régimen.

Del EMP salían las directrices a las distintas esferas de gobierno para tener en PAZ Y ORDEN el país que, según el momento que se registrara en alguna Disensión, se empleaba la Contención por convencimientos o sobornos o, en caso extremo de activismo o violencia, la Represión con las fuerzas de Seguridad. Ello originó pasajes sangrientos de la historia mexicana, como la represión a ferrocarrileros, maestros, médicos, estudiantes (del 68 y del 71), campesinos (Acteal, Aguas Blancas), normalistas (Ayotzinapa), entre los más sanguinarios y que, salvo los grupos nazófilos del conservadurismo, nadie quiere que se repitan.

Con la asunción del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR desapareció el EMP y sus prácticas draconianas, como ya antes habían desaparecido la DFS por orden fulminante de Miguel de la Madrid Hurtado a raíz del asesinato del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, y posteriormente la DGIPS, al iniciar su sexenio Carlos Salinas de Gortari, para dar origen al CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) que se hundió en la mediocridad, corrupción y extorsiones a sus espiados y el descrédito general.

Pero la desaparición de la Coerción y la Represión oficial, no significa UN VACÍO DE SEGURIDAD NI DE AUTORIDAD, aunque así lo quieran tomar los “adversarios” del Presidente, furiosos todavía por su apabullante derrota en 2018.

Entre otras manifestaciones, EL SECTOR PARASITARIO del PRI llamado “Antorcha Campesina” lanza prepotente su arrogancia golpista, proclamándose único representante de los campesinos más pobres del país, exigiendo Presupuesto público como le daban todos los gobiernos a los que coaccionaban con plantones. Gritan desde estadios rentados porque esa Antorcha se apaga irremediablemente sin el dinero público. El NeoPAN hipócrita, por su parte, toma como bandera flamigera la violación de una muchacha, cuando calló ante las miles de MUERTAS DE JUÁREZ, aparecidas en tiempos y terrenos del NeoPANazi de Pancho Barrio en Chihuahua. A diferencia de sus antecesores, el gobierno lopezobradorista responde con cautela y mesura.

La detención e inminente juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna, inmediatamente después de la sentencia de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, luego de sus testimonios sobre los 3 últimos ex-presidentes mexicanos sobornados, no sólo le han quitado la cobija a los instigadores y financiadores de las protestas que brotan al mínimo pretexto, sino que parecen haber cortado sus fuentes de aprovisionamiento a la desestabilización, procedentes de “las contribuciones” de los diferentes cárteles que proliferan en México. La acción del fiscal neoyorkino contra García Luna –porque según alegó el ex-Secretario de Gobernación, Osorio Chong, en México “no hubo elementos” para investigarlo, pues por instrucciones presidenciales toda denuncia se iba al archivo muerto o al incinerador– disminuyó a su mínima expresión la actividad de los cárteles, para no captar atención que los ponga en peligro.

Para los gringos no hay prescripción de un delito (los “cold cases” pueden revivir en cualquier momento). Los capitos mexicanos casi quedaron congelados, esperando un mejor tiempo.

Pero AMLO no se duerme en los laureles, propios o ajenos, pues queda mucho trabajo por hacer. Su preocupación sigue centrada en MÉXICO Y LOS MEXICANOS. Con discreción, sigilo y eficacia, como debe trabajar la Seguridad del Estado, los nuevos órganos de Inteligencia de la Administración de López Obrador, no están dormidos o latentes, sino muy alertas y apegados a las nuevas guías que impone el Presidente López Obrador para tirios y troyanos, violentos y gritones: NADA POR LA FUERZA, TODO POR LA RAZÓN Y EL DERECHO.

(Editorial/Sin Línea)

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