Guillermo Fabela Quiñones
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en particular la sección 22, tomó la iniciativa de “protestar en la calle” si no se abroga la reforma educativa en su totalidad. “No vamos a aceptar una reforma educativa que elimina algunos contenidos, pero que en esencia sigue siendo la misma que se aprobó el sexenio pasado”, afirmó Eloy López Hernández, secretario general de la mencionada sección sindical.
Este planteamiento es falso, pues la reforma del gobierno anterior fue anulada en la parte medular que afectaba los enunciados del artículo tercero constitucional, así como los derechos laborales de los profesores. Lo que exigen los integrantes de la sección 22 es que no se afecten las prerrogativas que los dirigentes sindicales impusieron a tono con la necesidad de los gobiernos del PRI y del PAN de contar con el magisterio para fines políticos electorales.
Los vicios que se fueron incubando a lo largo de décadas por la complicidad entre los gobernantes y líderes corruptos, no deben seguirse solapando porque entonces se frenaría la viabilidad de mejorar en todas sus partes el sistema educativo en México, lo que a final de cuentas sería aprovechado por la derecha para justificar su rechazo a las políticas del Estado amparadas por la Carta Magna.
Es una pésima señal la que está enviando la sección 22 con su radicalismo irracional. Así le hace el juego a los conservadores, quienes a final de cuentas lo que buscan es demostrar la inviabilidad de que la educación esté en manos del Estado. Por otro lado, colocan al gobierno actual en una posición incómoda al tener que atender un tema que el Congreso ya resolvió favorablemente. Ni qué decir tiene que tal situación tiene un costo político que daña el proceso de por sí difícil de conducir al país a un cambio democrático.
Fue un avance significativo introducir un artículo 16 transitorio al proyecto de dictamen en el que “de manera clara y explícita”, como lo reconocieron incluso 19 diputados oaxaqueños de Morena, queda plasmada la demanda de que “los trabajadores de educación básica se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución y su ley reglamentaria, de manera que no se les establezca un régimen laboral excepcional”.
En esta etapa del actual gobierno es impostergable, más aún para las organizaciones progresistas o que debieran serlo, cerrar filas contra las embestidas de la derecha, no dar margen a que se aproveche de las discrepancias entre el régimen y los sectores sociales radicalizados, para impulsar sus posiciones ideológicas y de clase. Es un error político actuar como si el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera un adversario, cuando en los hechos está demostrando voluntad política para llevar a cabo el complejo proceso transformador.
Es preciso que la elite oligárquica reaccionaria vea que hay disposición de la sociedad mayoritaria para apoyar todo lo que redunde en favor de la democratización de la vida nacional. Por eso mismo es conveniente que el propio mandatario sea más cuidadoso en la forma en que se conduce, para evitar que la ciudadanía empiece a dudar de sus buenas intenciones. Como dice el dicho: “no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”. Esto viene a cuento por la reunión en casa de un alto mando de Televisa con el yerno de Trump.
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