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Signo de tiempos oscuros es la ausencia de información de las protestas que exigen justicia y castigo a los culpables. Desde la instalación del campamento de desplazados chiapanecos al pie del largo muro del Palacio Nacional, hasta los recientes trabajos sobre la desaparición forzada de personas encabezados por los hermanos Cerezo Contreras y organizaciones afines en defensa de los derechos humanos, hay una constante presencia de quienes no cuentan con más recurso de agitación y propaganda que la okupación con sus campamentos frente a la sede del despacho presidencial. Apenas la CNTE y los damnificados de los temblores logran atención periodística ante la evidente problemática de la Reforma Educativa y la lentitud y corrupción de quienes llevan casi cinco años de malvivir en viviendas improvisadas. Tiempos oscuros donde la claridad se abre paso entre las mil dificultades impuestas por la clase privilegiada todavía. El dominio de clase impide la información sobre conflictos vivos y dolorosos, aunque estén en las narices de los cuantiosos reporteros e invitados especiales a las mañaneras conferencias de prensa del señor Presidente. Garabombo, el dirigente campesino andino narrado por Manuel Scorza, es tan invisible como los huelguistas de hambre y los acampados en situación precaria extrema.

Hay una imagen pintada por José Fernández Esquivel con un fondo oscuro donde rostros desollados, órganos, vísceras y calaveras, es el ámbito de unos cuerpos tapados con una tela que sólo deja ver los pies de un hombre en el centro, escoltado por otras piernas, las de una niña en calzones en el extremo. Buena alegoría de los ignorados y despreciados. “Huellas de la memoria” llama el colectivo promotor a la exposición abierta y creciente de calzado y de grabados en sus suelas con nombres y mensajes de los incansables familiares a las que se incorporan testimonios de lugares tan lejanos como el territorio Saharahui, tan cercano por la migración forzada y todo lo que significa. La tela, el velo, trata de ser arrancado y hasta el Instituto de Ciencias Penales lo discute ahora y muy cerca de donde escribo ahora.

En marcha está el Diagnóstico Nacional Forense como respuesta tardía a los cientos de cuerpos sin identificar, fragmentados muchos de ellos o tan deteriorados que no permiten identificación. Son los propios deudos quienes buscan y encuentran, escoltados algunas veces por policías y por empleados de gobiernos deliberadamente lentos para enfrentar los problemas que rebasan sus capacidades operativas. El caso del cajón de trailer escurriendo líquidos mortuorios en un terreno baldío de Guanajuato, exigió atención reporteril para descubrir depósitos repletos de cadáveres, la improvisación de bodegas y la imposibilidad de registro e identificación pese a la aceptación de la injerencia de los familiares organizados hasta el límite de inexistencia del equipo y los laboratorios necesarios para los estudios genéticos.

Todo esto valida la exigencia promovida por las actividades poco atendidas por los medios en el Zócalo, Centro Histórico de México, frente al despacho presidencial, a un lado de la Suprema Corte de Justicia y de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México. Pese a los esforzados acuerdos de Alejandro Encinas, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, las insuficiencias evidentes y la alarmante criminalidad, agravan la situación de las atenciones a la desaparición de personas. Los apremios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de la ONU y de Amnistía Internacional, cuentan para el alerta de Estado que exige la presión constante de las organizaciones civiles.

Desde 2014, el Comité Cerezo Contreras ha propuesto un Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses para organizar archivos, orientar la búsqueda, atender encuentros y capacitar profesionales. Importa que estas urgencias mantengan su presencia gracias a las movilizaciones de los familiares con el apoyo de excelentes productores gráficos y colectivos en la intervención del espacio público, tal como ocurre con los murales recientes en el muy transitado cruce de la Avenida Insurgentes y Yucatán, y con la instalación de antimonumentos para tener presentes a las mujeres, las violaciones y los feminicidios; a la ocupación militar del Zócalo en 1968 en la víspera del 2 de octubre, a la infamia extrema ante los 65 mineros sepultados en la mina de la Minera México en Pasta de Conchos, obligada ahora por orden judicial al rescate de 63 cuerpos; a los 49 niños de la Guardería ABC incendiada sin remedio por la ausencia de vigilancia del Seguro Social. Por cuenta propia, los familiares de David y Miguel, plantaron su monumento cerca del primero de la serie, dedicado a los +43 de Ayotzinapa en el cruce de Bucareli y Reforma, “esquina de la información” por los poderosos periódicos por ahí instalados. Son estas acciones las que mantienen vivos los reclamos de justicia y castigo a los culpables frente a un gobierno moroso en estos graves asuntos. El próximo 26, no sólo en la capital de México, marcharemos en recuerdo de la trágica noche de Iguala.

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