Jorge Lara Rivera
El verano ha sido intenso, con todo su calor no alcanza a reanimar a quienes por estos días por fin encaran la justicia por sus inconfesados crímenes. Estadísticas frías erizan la piel e indignan.
Y es que a pesar de las palabras de Jorge Mario Bergoglio Sívori (alias Papa Francisco) buscando minimizar la magnitud de la plaga que infecta al clero (“sólo un porcentaje pequeño de los delitos que se cometen en el mundo son perpetrados por sacerdotes”) estadísticas frías indican que aproximadamente cuatro curas son acusados en promedio al mes de delitos sexuales. Pero los días de impunidad y silencio van quedando atrás.
Así ha tenido lugar para la Santa Sede el temido pero no esperado revés de la apelación del cardenal George Pell, de 78 años, otrora tesorero del Vaticano y 3º. en la jerarquía clerical del catolicismo mundial ante el Tribunal Supremo de Victoria, en la isla continente de Australia, que ratificó la pena de 6 años de prisión (de la cual deberá cumplir necesariamente 4 antes de obtener libertad condicional) que le fuera impuesta por 5 cargos de abuso contra menores (incluso penetración oral a 2 niños del coro catedralicio de Melbourne, uno de los cuales murió por sobredosis de fármacos).
Con todo, la arrogancia de la curia romana , no obstante declarar que” respeta la decisión del alto tribunal” y sostenerle la prohibición de tratar con menores y ejercer funciones de cura, se ha negado a retirar el estatus clerical (celebrar Misa, oír confesiones y administrar sacramentos) al purpurado –como hizo en el caso de Theodore McCarrick (ex)cardenal y (ex)arzobispo de Washington–, pretextando que “esperará la conclusión definitiva de los grados del juicio” –hay en estudio una 2ª y última apelación. Si a los franciscanos se les tenía por cercanos al siglo y sus pesares dados sus votos de pobreza, los jesuitas solían gozar con base en el ideario de (San) Ignacio de Loyola de una extendida fama de apertura, ilustración y disciplina a la que, sin embargo, la crisis desencadenada por los escándalos de pederastia en el clero de la cristiandad católica –y no sólo ésa, allí está el caso del llamado “Apóstol de Jesucristo” de la Iglesia la Luz del Mundo, Nassón Joaquín quien afronta juicio junto a sus secuaces por crímenes de tal índole en Estados Unidos– ha dado al traste.
Resulta que en Chile, entre 1968 y 2008, Renato Poblete, destacado y afamado sacerdote de la Compañía –condecorado por el 1er. mandato de Michelle Bachelet con el premio Bicentenario en La Moneda (2009) encabezó por 18 años el “Hogar de Cristo”, un reconocido movimiento por la justicia social fundado por San Alberto Hurtado a mediados del siglo XX– fallecido a los 85 años en 2010, casi por 50 años y al amparo del poder de su condición sacerdotal y el dinero que de manera personal tuvo a su cargo, así como del prestigio que su labor apostólica le valió, reiterada, grave y sistemáticamente abusó de 22 mujeres –4 de ellas menores de edad al momento del abuso, con abordajes sexuales inesperados y violentos a 16, intentando besar y tocarlas; 2 sostuvieron una relación sexual abusiva estable con él–, de acuerdo con una investigación de 6 meses originada por la denuncia pública de Marcela Aranda, académica de Teología de la Universidad Católica (“Lo que más me hace sufrir es que él me obligó a abortar y no sólo una vez” dijo. “Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me pegaran por turnos mientras él miraba”); tal incluyó entrevistadas a un centenar de personas y análisis de documentos, recepción de testimonios plausibles y creíbles e inspección de lugares específicos, por lo cual la Compañía de Jesús ha pedido perdón. El parque del Poniente de Santiago, la capital, nombrado “Renato Poblete” en 2015 ha sido rebautizado tras conocerse los vergonzantes hechos. A su muerte, el conservador presidente Sebastián Piñera dijo que para él, “era un santo”.
A propósito, ha resultado ahora que a su provecta edad de 103 años, Bernardino Piñera Carvallo, médico, arzobispo emérito de La Serena, hermano del papá del mandatario chileno y tío muy cercano a él, el obispo más longevo, es acusado de abuso sexual contra un menor hace 50 años, con apoyo en la recién aprobada ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. El prelado ha dicho sobre la investigación preliminar que ha abierto la Nunciatura Apostólica en Chile “desconocer la acusación que le ha dado origen y ofrezco mi plena disposición a colaborar en el esclarecimiento de la misma”, y asimismo dio fe de que “durante mi larga vida sacerdotal que comenzó en 1945, siempre he tenido una conducta intachable”. No obstante por ley y por lo que se desencadenó tras la visita papal la investigación tiene que ser realizada. “Se está en contacto con la persona que ha presentado la denuncia y, al mismo tiempo, se está actuando en el respeto del principio de la presunción de inocencia”, ha informado la Nunciatura.
En la vecina Argentina inició un juicio contra Nicola Corradi y Horacio Corbacho, 2 sacerdotes a cuyo cargo estaba el Instituto Antonio Provolo para Sordos, en Mendoza, provincia centro-occidental, y 2 monjas cómplices (Kosaka Kumiko y Asunción Martínez), acusados de abusar sexualmente de 20 niños (incluso pequeñines de 4 años) y adolescentes bajo su cuidado quienes por su condición no podían informar lo que padecían y cuya situación social humilde obligaba a que durmieran en él. Lo que da relevancia internacional al asunto es que Nicola Corradi, sacerdote italiano de 83 años, principal implicado, habría cometido abusos en la central de ese Instituto, en Verona, Italia, 10 años antes de arribar a Argentina y esos señalamientos se hicieron saber al otrora obispo de Buenos Aires, el Papa Francisco sin que el Vaticano tomara medidas.