Miguel Carbonell
Se acaba de presentar en el Senado de la República una iniciativa para hacer efectivo el capítulo de “Delitos” previsto en la Ley de Amparo. Particularmente, la iniciativa busca poner freno a la corrupción de los abogados, que de forma contraria a la ética profesional, presentan documentos o testigos falsos para obtener ventajas procesales indebidas.
La iniciativa propone que exista un procedimiento para sancionar a los abogados que incurran en prácticas ilegales, cuyo desahogo sería competencia del Consejo de la Judicatura Federal.
Con independencia de los méritos específicos del texto de la iniciativa, lo cierto es que se trata de una llamada de atención respecto a una “verdad incómoda”, pero ampliamente conocida en el gremio de los abogados. Me refiero a las prácticas tramposas que utilizan algunos colegas para alargar juicios o para inclinar a su favor la vara de la justicia, faltando a la verdad, vulnerando la ética profesional y violando principios legales.
La corrupción no está solamente del lado de los servidores públicos. Ellos la protagonizan, pero también es cierto que hay despachos de abogados que han construido su fama sobre la base de “comprar” los juicios en los que intervienen (o incluso hay otros que, en el momento procesal oportuno, “dejan perder” un asunto a cambio de jugosos pagos de la parte contraria a la que están representando).
El problema no puede resolverse solamente mediante la impartición de clases de ética profesional en la carrera de derecho, sino mediante la aplicación de la ley y la imposición de sanciones a quienes incurran en actos ilegales. Tener un esquema de sanciones administrativas para abogados no es algo extraño en el derecho comparado. Existe en muchísimos países democráticos, como Estados Unidos, España, Italia, Alemania, etcétera. Si se llega a aprobar la propuesta, podríamos superar los indignantes datos sobre la calidad de nuestra justicia penal y de nuestro Estado de derecho que aparecen en todos los rankings disponibles (muchos de esos datos están citados en la exposición de motivos de la propia iniciativa).
De hecho, la iniciativa busca hacer efectivo algo que la Ley de Amparo ya prevé, puesto que en su artículo 261 establece sanciones para los abogados que puedan alcanzar hasta los 6 años de cárcel. Pero dichas sanciones han quedado en letra muerta, porque la investigación corresponde hacerla a las fiscalías y procuradurías, las cuales están excesivamente saturadas de trabajo y agobiadas por casos de enorme gravedad en toda la República.
Por eso es que tiene sentido que pueda ser el Consejo de la Judicatura Federal el que se encargue de aplicar el esquema de sanciones que prevé la iniciativa, las cuales ahora podrán ser graduadas en función de la gravedad de la conducta, pudiendo implicar sanciones leves como puede ser una amonestación verbal o por escrito, hasta sanciones más graves como la suspensión temporal del ejercicio profesional desde uno hasta 24 meses o la cancelación definitiva de la cédula profesional para que ese abogado ya no pueda volver a trabajar. Además, las sanciones deben darse a conocer por todos los medios posibles, como una forma de proteger a los usuarios de servicios jurídicos que de manera inadvertida pueden caer en manos de abogados sin escrúpulos. Los ejemplos de abogados abusivos con sus clientes son abundantes y de sobra conocidos.
Además, se trata de algo en lo que ha venido insistiendo el ministro Arturo Zaldívar desde su llegada a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: no habrá tolerancia para la corrupción y la impunidad será combatida con la ley en la mano. Tiene mucha razón, pero para hacer de verdad justicia, se tendrá que sancionar también a los abogados y no solamente al personal del Poder Judicial. Tiene que ser pareja la lucha contra la corrupción, para que se asignen responsabilidades a todos los involucrados.
Ojalá se presente una gran discusión sobre la iniciativa que comentamos y que ya fue presentada formalmente por el Senador Ricardo Monreal. El tema es de una gran importancia para el gremio jurídico y debe suscitar un debate amplio, libre e informado. Ojalá así sea.
* Investigador del IIJ-UNAM
Twitter: @MiguelCarbonell
Sitio web: www.centrocarbonell.mx