A casi 3 meses de que iniciaron las manifestaciones estudiantiles contra el ya retirado pero irritante proyecto de ley de extradición donde el gobierno local autorizaba enviar presos a China, las exigencias de renuncia a Carrie Lam, jefa ejecutiva del gobierno de Hong Kong por considerarla sumisa ante Pekín y apocada en la defensa el estatus jurídico de los habitantes de la isla continúa, así como la de mayor participación para los hongkoneses en el autogobierno.
Lam ha reiterado que la iniciativa fue definitivamente retirada y recién abrió posibilidades de pláticas con los disidentes pese a la violencia de sus expresiones, desautorizadas y fuertemente reprimidas por la policía. Su renuncia –desmentido pese al audio filtrado de su reunión con empresarios a quienes dijo que “si pudiera lo haría”– queda fuera de consideración, no se diga ya de negociación. La pulsátil situación social del enclave retrocedido a China quedó manifiesta hace una semana cuando 1 millón 700 mil personas (según medios internacionales independientes) desfiló por las calles del distrito financiero de la isla apoyando las demandas de los jóvenes. En este lapso los disidentes insuflaron su ánimo a los empleados bancarios (Hong Kong es un potente foco financiero y de capitales) quienes en número de 5 mil se les unieron y alcanzado al emblemático distrito financiero de la ciudad (la Bolsa de Valores local es una de las más activas e importantes del mundo por la cantidad y cuantía de sus operaciones); asimismo más de mil abogados se expresaron afines en una insólita marcha destinada a demandar de las autoridades locales y chinas el respeto al estatus jurídico de la isla, a los derechos humanos de los residentes en ella y a los procesos legales conforme a derecho –sin asimilación con las cuestionables prácticas continentales chinas (donde discrecionalidad, abusos, golpizas y tortura no son infrecuentes)– para participantes de las marchas detenidos (cuyas penas pueden ser de 10 años mínimo).
Consecutivos días de inicio de clases este septiembre los estudiantes de secundaria se han sumado a las protestas universitarias. ‘Festival de gases lacrimógenos’ llaman los manifestantes a sus escaramuzas, cada vez más violentas y casi cotidianas con la policía que afectan la frenética vida económica de la isla, vandalizando las oficinas del gobierno local, la de Enlace de Pekín en Hong Kong, al metro, al sistema de transporte urbano, al distrito financiero, al aeropuerto internacional obligando cancelación de vuelos por 2 días y amenazan empañar la inminente visita de Angela Merkel, dirigente de Alemania, a la isla, reiterando sus demandas de democratización de la vida civil en la toma de decisiones políticas del gobierno hongkonés.
Joshua Wong, Srio. Gral. de la ‘Formación Prodemocrática de Hong Kong’, ha viajado a Taipei para solicitar del gobierno de Taiwán (que ya ha dado asilo ‘por razones humanitarias’ a 30 refugiados hongkoneses) solidaridad para hacerse escuchar en la comunidad internacional, así como asegurar el respaldo del reducto nacionalista chino frente al régimen de Pekín que en Shenzú, a 30 kilómetros de Hong Kong, mantiene movilizados a miles de soldados del Ejército Popular dando peso a su amenaza de intervenir en la isla para restaurar el orden. Pero las crecientes demandas de “democracia” y “participación en el autogobierno” de los jóvenes ganando simpatías entre el resto de la población pese a los pelotones de golpeadores “civiles” armados que se han lanzado contra los activistas para sabotear sus asambleas públicas, y sin embargo de la violencia policiaca abierta.
En semanas previas se convocó a días de paro de labores mientras, quitada la máscara del la política de “2 sistemas, 1 país” (aplicado también a Macao) China llevó la represión al próspero enclave financiero, industrial y comercial donde opositores a la asimilación del autogobierno local a las leyes chinas continentales han sido golpeados y arrestados, acusados de delitos graves como ataques al orden y la seguridad públicas que entrañan penas largas de prisión (además del ‘tratamiento especial’ en las prisiones chinas que, al precio de su propia libertad y exposición a tortura han denunciado activistas y abogados defensores de derechos humanos en la era Xi Jinping de reformas cosméticas y disminución de garantías que inició con su ascenso al poder, involucionando el marco jurídico de esa sociedad a los días del gobierno maoísta y donde el Estado de derecho parece destinado a desalentar cualquier indicio de disidencia en el pueblo, al punto de que forma parte de su ‘Estado de derecho’ la desaparición de personas sin confirmación hasta mucho después de su detención e internamiento en las celdas del gigante asiático, bajo la lógica de detención/confesión de culpa/ y severas penas corporales y multas). Pekín habla de “terrorismo” y “secesionismo” en las protestas, pero amén de la brutalidad policiaca empleada y su amenaza de implantar la ley marcial, ha sido cauto por las repercusiones internacionales a su imagen que entrañaría, no obstante la comprensión de Paquistán, Singapur, Corea del Sur y Australia a su actuar “para contener los desmanes” (China mantiene una política interior de tolerancia cero y en el extranjero de hegemonía, patente con su violenta anexión del Tíbet, la cooptación de Macao y Hong Kong, el control de la Mongolia interior con represión a las etnias, la amenaza de engullir a la cada vez más sola Taiwán –antigua Formosa, último reducto nacionalista de la República de China–, su ocupación militar de una parte de la Cachemira india, su invasión a Vietnam, y acceso a más recursos naturales vía la alevosa construcción de las polémicas ‘islas artificiales’, ampliando su zona económica exclusiva –accediendo a minerales, bancos de pesca y reservas de gas y petróleo–, y bases militares de alto valor geoestratégico en caso de cualquier conflagración por aquéllos– en disputadas aguas del Mar de China Meridional donde reclaman patrimonio Filipinas, Malasia, Brunei, Indonesia, Vietnam, la propia Taiwán a la que considera “provincia rebelde” suya, y tienen intereses Estados Unidos y Australia; actuando en consecuencia de su declarada inclusión de las islas Paracel y Spratly en 2012 como formando parte de sus “intereses nacionales vitales” y determinación a defenderlos con la totalidad de su poderío, incluido el nuclear).
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha demandado a Pekín moderación y una investigación independiente a la policía por considerar que ha cometido ataques peligrosos contra los civiles. La cancillería del Reino Unido ya ha advertido que impondría sanciones a Pekín si actúa contra la población. Estados Unidos ha expresado su “preocupación” y Donald Trump, no obstante el ríspido diferendo comercial y arancelario con Pekín, ha pedido al régimen de Xi Jinping que solucione el problema con “humanidad”.
Pekín ha prevenido a ambos (a quienes acusa de alentar a los insubordinados) –a Washington que saque “sus negras manos” y deje ese “juego peligroso”– que no tolerará la injerencia foránea en sus asuntos internos. Así, se desea lo mejor, pero se espera lo peor.