Esta semana Alan Feuer, periodista de The New York Times, publicó que Genaro García Luna después de haberse declarado “no culpable” ante la Juez federal Peggy Kuo, había entrado en una “negociación de alegatos” que dio pie a que el acusado, juntamente con el Gobierno norteamericano, solicitaran una ampliación del plazo para presentar una acusación o juicio de los cargos, prevista para realizarse entre el 3 enero y el 21 de febrero de este año.
Este tipo de acuerdos son frecuentes en Estados Unidos con el fin de armonizar los puntos de vista de las partes en juicio y evitarse alargamientos innecesarios, pero también para negociar posturas e información valiosa, incluso la reducción de penas futuras, sobre temas que a la justicia de nuestros vecinos le interesa que no se ventilen en las sesiones, sobre todo aquello que tiene que ver con colaboradores, sean institucionales o del bajo mundo. Ya Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco documenta la colaboración del entonces Cartel de Guadalajara con la CIA para intercambiar apoyos en Estados Unidos y Centroamérica.
La historia es larga si recordamos además al ex agente de la CIA Phillip Agee, quien desencantado de la organización en 1974 publicó un libro que lleva por título: La CIA en México, donde da cuenta de hasta dónde estaba metida esta agencia norteamericana, pues había reclutado al mismísimo Presidente Díaz Ordaz y a su Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.
Incluso, era tal la cercanía, que su jefe de estación Winston Scott llegó a tener como testigo de su matrimonio al Presidente Adolfo López Mateos. Más todavía, el periodista Manuel Buendía publicó una serie de artículos sobre la CIA en México, que terminó en forma de libro, donde daba cuenta de su quehacer y sus colaboradores en el Gobierno mexicano. Luego sería asesinado.
García Luna, recordemos, colaboró con las agencias del vecino país al menos dos sexenios presidenciales completos, proporcionando información valiosa en materia de seguridad pública al grado que se podría decir que era uno de los suyos, lo que significa que sabe mucho y mejor todavía debe tener información comprometedora desde que estuvo en el CISEN sobre personajes de uno y otro lado de la frontera.
Vamos, es un traidor a la Patria junto con su jefe político que hoy dice no saber nada de la actuación de su Secretario de Seguridad Pública.
Ya el caso de Vicente Zambada, “El Vicentillo”, transitó por este camino de negociación alegando que él traía un acuerdo con la DEA y proporcionó información sobre la competencia criminal y, si bien compareció en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, señalándolo como uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, no fue a juicio y ya se habla de que puede ser liberado en los próximos años.
Seguramente este hecho estuvo en la mente de los abogados del buró Quinn Emanuel Urguhart & Sullivan en Washington y Miami, y por eso animaron a que García Luna se declarara “no culpable”, saben que en los interrogatorios pueden salir otros nombres. Pero, sobre todo, que involucren a quienes hoy están haciendo el trabajo que antes hizo el ex Secretario de Seguridad Pública, y eso por razones de Estado no puede ventilarse en un juzgado y circular en los medios de comunicación.
Entonces, en teoría de juegos, de costo-beneficio, podría resultar la estrategia jurídica, aunque igualmente no, si el Juez federal Brian Cogan, quien sentenció a tres cadenas perpetuas a “El Chapo” Guzmán, es quien siga el caso hasta emitir una sentencia condenatoria y decida ir más allá en busca de otros peces gordos de la narcopolítica mexicana. Que tienen temblando a más de uno en México, entre ellos, a los ex panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Y sería en esa circunstancia, que el tema escalaría en México de lo mediático a lo propiamente político, podría explicar además porqué estos crímenes que se cometieron en México no tuvieron ni tienen pesquisas en nuestro territorio, ¿acaso fueron o son parte de acuerdos secretos en las relaciones bilaterales de los últimos gobiernos? O simplemente existen los mil veces mencionados, y mil veces negados, “pactos de impunidad con el primer círculo de los gobiernos salientes”.
Sí, porque curiosamente la narcopolítica, que tiene décadas de operar en nuestro país, salvo casos excepcionales como los ex gobernadores Mario Villanueva, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, hasta García Luna no había alcanzado al primer círculo de un Gobierno Federal y quizá por eso Alfonso Durazo, el actual Secretario de Seguridad Pública, haya salido a decir: “En este equipo no habrá, ni saldrá ningún García Luna”.
Sin embargo, este tipo de mensajes de Año Nuevo tiene una pata coja, hasta ahora sabemos que el escándalo de García Luna estalló allende la frontera y en México, a un año de iniciado este Gobierno, en nuestro país no ha habido detención alguna de narcopolíticos y nada se sabe de que se haya abierto proceso contra este segmento de la “mafia del poder”.
A lo sumo, lo que existe es la continuación de colaboración de extradiciones a los Estados Unidos. Y, bueno, se dirá que es otra la estrategia, para minar los grupos criminales, pero deja mucho que desear que nuestros narcopolíticos sean detenidos y procesados por la justicia norteamericana como si aquí las cosas fueran diferentes.
El Gobierno mexicano, el de la 4T, está ante una gran oportunidad para mostrar que nuestra Fiscalía no está del otro lado de la frontera norte y el tamaño de su músculo en la lucha contra la narcopolítica, no se puede hablar de que las bases de una política de seguridad pública acorde con las circunstancias están en marcha, sin antes mandar mensajes en sintonía con los que nos llegan desde Brooklyn.
En definitiva, resulta incomprensible que mientras en los Estados Unidos de Norteamérica ya se sentenció al “Chapo” Guzmán y en el juicio hayan salido nombres a relucir, entre ellos el de García Luna, que es el punto de partida para entender su detención en Texas, Gertz Manero siga viendo los toros desde el burladero.
(SIN EMBARGO.MX)