El 6 de enero se llevó a cabo una conferencia de medios por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario, Alejandro Encinas, y la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. La importancia del informe presentado no puede soslayarse, por diversas razones: la primera, desde luego, por los datos que contiene. La segunda, porque por primera vez es notoria una actitud gubernamental en la que se reconoce públicamente la dimensión descomunal del problema, no obstante que dicho informe, como las mismas autoridades lo reconocieron, no puede considerarse completo, pues, entre otras razones, doce de las 33 fiscalías no han presentado información alguna y muchas personas afectadas no denuncian, con lo que se da un subregistro o cifra negra.
El informe contiene datos espeluznantes. Se dice que desde los 60 hasta el 31 de diciembre del 2019, en México ha habido un total de 147,033 personas desaparecidas, de las cuales 85,396 han sido localizadas y 61,637 personas se encuentran aún desaparecidas. El dato es aterrador, pues de acuerdo con las informaciones oficiales más recientes, se hablaba de alrededor de 40,000 personas desaparecidas hasta el final del sexenio de Peña Nieto, y alrededor de 27,000 en el sexenio de Calderón.
En la información más específica contenida en el informe, se puede obtener una imagen más clara. Antes del sexenio de Calderón, las personas desaparecidas, en contraste con el total registrado hoy, representan el 2.5%, incluyendo las víctimas de la guerra sucia de los años 70. A partir del 2006, es decir, con Felipe Calderón, inicia el desastre.
En 2019, el informe registra 4,835 personas desaparecidas, lo que implica que la diferencia entre 40,000 y 60,053, se debe, no a que en el año 2019 haya habido 20,000 desapariciones, sino que los registros anteriores estaban aún más incompletos que el actual.
El informe tiene la virtud de presentar información más desagregada que aquella con la que se contaba antes. Presenta información por entidad federativa, por sexo y edad. Desde luego, hace falta que se continúe actualizando con el fin de que, por un lado, incluya la información de las entidades federativas que negligentemente no han entregado la información necesaria y, por otro lado, que se continúe detallando la información con mayor número de categorías, que incluyan, por ejemplo, los posibles perpetradores (agentes del estado o particulares) y la nacionalidad de las personas desaparecidas.
Como bien señala Data Cívica, el informe tiene algunos defectos, pues no es posible conocer la metodología que se utilizó en su elaboración ni los microdatos que están detrás de su contenido, como lo ordena la Ley General en la materia. Estas son debilidades, por supuesto, que se irán superando, pues entiendo que la propia doctora Quintana ha expresado que se hará pública dicha información. Pero, lo más importante es superar la imperdonable indolencia de las fiscalías que no han presentado la información necesaria para poder tener una imagen más completa de la situación en todo el país.
Finalmente, en relación con los hallazgos de cuerpos humanos en fosas clandestinas, se destaca que han sido exhumados 1,124 de ellos, de los cuales 395 han sido identificados y 243 han sido entregados a sus familiares. A pesar del horror, es de suma importancia esclarecer los casos, es decir, determinar más allá de toda duda, en dónde están, si es que están vivas, o qué les pasó, a las personas desaparecidas, y por último, dentro de lo más urgente, son las garantías de no repetición. La estrategia de seguridad de este gobierno es tan fallida como la que inició Calderón y continuó Peña Nieto. Es urgente replantearla mediante la verdadera, paulatina, pero acelerada civilización (es decir, desmilitarización) de las funciones de seguridad pública.
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