Humberto Musacchio
La grosera reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit ha levantado polvareda. Por considerarla “una flagrante violación a la autonomía”, los rectores de una veintena de universidades públicas expresaron su “total rechazo” a la nueva norma, aunque más de una lengua resultó mordida.
Los diputados nayaritas, sumisos ante las órdenes del Ejecutivo local, dispusieron que ya no sea el Consejo Universitario de la UAN el que elija al rector, sino un entuerto llamado Colegio de Elección, que será encabezado por el presidente del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la institución.
Si el presidente de dicho patronato es alguien por completo ajeno a los quehaceres educativos, poco importa. Lo que interesa es tenerlo como mero instrumento del gobernador en turno. Su función es conseguir fondos para quitarle a su jefe esa pesada carga. De este modo, la reforma legal plantea crear “redes empresariales en las unidades académicas” y también fuera del campus, sin importar el riesgo de que planes y programas de estudio se pongan al servicio de intereses particulares.
La reforma ocurrió en momentos en que los trabajadores de la casa de estudios nayarita esperaban –¿aún esperan?– el pago de aguinaldos, para lo cual la Federación se comprometió a aportar 500 millones de pesos, de los que sólo había entregado la mitad hasta el 8 de enero.
La UAN no es la única universidad en problemas. De diferentes maneras, en los últimos meses se viene expresando una crisis que tiene varios aspectos. El principal es el económico, pues se restringen fondos a los centros de educación superior por la sospecha o la certeza de manejos inadecuados del presupuesto, cuando no de mera corrupción.
En algunos casos la inconformidad se deriva de los abusos internos, pues hay rectores que consideran las casas de estudios como feudos en los que ellos deben y pueden ejercer una autoridad sin freno, imponer a sus paniaguados en cargos que requieren calificación y gastar a su antojo las partidas presupuestales.
En la UNAM, desde hace varios meses, la Facultad de Filosofía y Letras y dos preparatorias están en huelga por cuestiones de género. Las mujeres se quejan de acoso y agresiones que ciertamente merecen una respuesta contundente, tanto de las autoridades universitarias como del poder público, lo que al parecer no ha sucedido ni se encuentra una fórmula aceptable para poner coto a los abusos sexuales.
En medio de todo, lo que se percibe es un clima de desasosiego. Además de las causas citadas, que son muy reales, lo que subyace es un desfase entre lo que hacen las universidades y lo que exige la realidad. Poco más o menos, la formación educativa es la misma de siempre, lo que implica lanzar egresados a un mundo laboral incapaz de darles un empleo digno y adecuadamente remunerado.
Nuestras universidades públicas siguen privilegiando las carreras tradicionales, cuando que el aparato productivo y la sociedad requieren cuadros especializados en disciplinas hasta ahora ajenas a nuestras casas de estudios o, en el mejor de los casos, poco atendidas.
La semana pasada, Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, entregó a la SEP una propuesta para echar a andar “un movimiento refundacional, consistente en generar desde la base misma de la comunidad y con la activa participación de estudiantes, profesores e investigadores, un sujeto de cambio en un proceso de autotransformación institucional”.
El mismo documento señala que “la cobertura del sistema de educación superior ha propiciado la persistencia de un modelo napoleónico que resulta obsoleto e inoperante para responder a la problemática y desafíos que plantea el desarrollo de la entidad y el país en el contexto de la Cuarta Transformación”.
Para marchar hacia esa refundación, resulta indispensable y urgente que la ANUIES o la SEP convoquen a un gran congreso de universidades públicas –las privadas tienen otros fines– para definir necesidades y establecer metas de acuerdo con la realidad del país. En un mundo cada vez más complejo, no actuar ahora es desdeñar el futuro de México. Ni más ni menos.