Veracruz: zona portuaria, botín de políticos

De  acuerdo con el abogado Alejandro Pulido –un hombre que ha enfrentado una dura batalla legal para rescatar el patrimonio de los trabajadores portuarios– las APIS fueron creadas para que sirvieran como intermediarias para transmitir, vía una concesión, a otras personas morales (empresas) las actividades que realizaban en el puerto de Veracruz los sindicatos de estibadores, maniobristas y checadores.

Pero con la diferencia –precisa Pulido– de que las concesiones que ellos tenían no podían entregarse a otras empresas, pues las tenían que desarrollar ellos mismos y, con ello, se aseguraron que los ingresos obtenidos por prestar sus servicios se quedaban en el puerto de Veracruz.

Con el nuevo esquema, implementado a partir de la creación de las APIS, la diferencia estriba en que los servicios portuarios se concesionaron a las empresas ICAVE, CICE, OPG y CTV y, con ello, los ingresos multimillonarios generados de la actividad portuaria, terminan en los bolsillos de políticos que operaron durante la requisa –uno de los más beneficiados fue Dante Delgado– y en los de empresarios extranjeros, con lo cual se afectan las finanzas del país.

Una conexión política interesante es la que traza el abogado Alejandro Pulido con algunos personajes de la historia que están vigentes. Se refiere a Eugenio Garza Sada, el empresario regiomontano cuyo asesinato –dice– fue atribuido a Luis Echeverría Álvarez.

Garza Sada es padre de Eugenio Garza Lagüera –fallecido en 2008– un próspero empresario regiomontano que en su historia ha tenido tres yernos: Roberto Hernández, exdueño de Banamex; José Antonio Fernández Carvajal, mejor conocido como “El Diablo” y Alfonso Romo, actual jefe de la oficina de la Presidencia de la República y principal impulsor de los proyectos económicos del Gobierno.

Alejandro Pulido afirma que Gilberto Lozano, dirigente de FRENA, fue director de FEMSA –la empresa que opera la Coca-Cola en México y la cadena de tiendas OXXO y ha sido siempre subordinado de Fernández Carvajal, “El Diablo”. El hermano de “El Diablo” –Juan Ignacio Fernández Carvajal– fue durante siete años director de la API de Veracruz, donde operó millonarios contratos en favor de las empresas que se beneficiaron durante y después de la requisa que ordenó Carlos Salinas en 1991. He aquí la ligazón.

López Obrador ha ofrecido justicia para los obreros portuarios que fueron despojados. Todo indica que, hasta ahora, las negociaciones van por buen camino.

Lo que queda claro es que los trabajadores portuarios –maniobristas, estibadores y checadores –recibirán lo que les corresponde, pero no volverán a tener el monopolio laboral y sindical que tuvieron en el pasado. Las multimillonarias ganancias que genera la actividad portuaria– y cuyos beneficiarios son los políticos y socios empresariales– seguirá en manos privadas.

Como siempre ha ocurrido, Veracruz y otros puertos seguirán siendo un botín privado.

Por Ricardo Ravelo