Por Guillermo Fabela Quiñones
Cualesquiera hayan sido los motivos que condujeran a la detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, general Salvador Cienfuegos Zepeda, destaca el hecho de que se realizó en Los Ángeles, California, por elementos de la agencia de combate a las drogas del vecino país, la DEA, sin que las autoridades mexicanas estuvieran al tanto de la investigación, que trascendió llevaba diez años de haberse iniciado.
Se le vincula con las indagatorias contra Genaro García Luna, por lo que será trasladado a Nueva York para continuar en la corte de dicha urbe su caso, bajo acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero. El embajador Martin Landau informó de la aprehensión del militar al canciller Marcelo Ebrard. Es vergonzoso que, de nueva cuenta, sean las autoridades judiciales estadunidenses las que actúen adelantándose a las mexicanas. El mensaje es muy claro para el presidente López Obrador: está obligado a comprometerse más en la lucha contra los corruptos, pasar de las palabras a los hechos.
Esto ya lo había advertido el brillante especialista en temas de seguridad internacional, Edgardo Buscaglia, al señalar el imperativo de que mientras no se desmembrara la red de complicidades del neoliberalismo que se incrustó en el régimen de la Cuarta Transformación (4T), no se podrá avanzar en un combate a fondo contra el flagelo. Esta manera de actuar del mandatario es difícil de entender, pues él mismo se pone piedras en el camino. Un claro ejemplo, el nombramiento de Manuel Espino Barrientos como director del nuevo organismo dedicado a la vigilancia de las instalaciones del gobierno federal, para poner fin a la contratación de empresas privadas.
Como si no conociera su filiación de extrema derecha, su estrecha vinculación con personajes siniestros del panismo salinista. Así no se puede tener la certeza de que la lucha contra la corrupción sea, como él mismo dice, “de arriba para abajo, como se barren las escaleras”. No lo está demostrando; quizá considera que la oportunidad no es propicia aún. Pero un mínimo sentido común implica la necesidad de no seguir abriendo las puertas de su régimen a gente poco escrupulosa, como fue el caso con quien parecía tener un futuro luminoso en la actual administración: David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil.
Es de vital importancia ser muy cautelosos en la relación con el gobierno estadunidense, por eso es preocupante dar margen a que, por omisión, sean autoridades del vecino país las que procedan a corregir esas anomalías. Es elemental no permitirlo, menos en un gobierno como el que preside el magnate que pretende reelegirse siendo el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Es explicable toda precaución con Trump, pero no a excesos que pongan en riesgo el futuro del cambio verdadero en México, el cual pasa necesariamente por una relación digna con la Casa Blanca.
En este momento, a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, muchas cosas pueden esperarse de Trump, algunas de las cuales podrían tener graves implicaciones para las relaciones bilaterales. El “voto latino” será fundamental para el triunfo de uno u otro candidato, más aún para el magnate y especulador de bienes raíces. Aprovechará cualquier oportunidad para ganarlo, este podría ser el caso con la aprehensión del poderoso ex titular de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tan seguro estaba de su inmunidad ante toda posibilidad de perder su libertad que se le detuvo en el aeropuerto de Los Ángeles, adonde viajó en compañía de su familia para pasar vacaciones. Lo verdaderamente importante de este hecho es que México queda más desprotegido de los acosos del imperio por toda la red de corrupción de la que se tendrán pruebas suficientes para justificar intromisiones. No es que las necesite, pero no desaprovechan toda oportunidad para “legitimarlas”.
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