Por Irene Tello Arista
“¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo. Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos, para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes porque no saben del procedimiento. Por eso digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes, y, cínicos, vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia. ¿De qué honestidad? Más bien vinieron a hablar de pura barbaridad. Es cuanto”. Esta declaración, que parecería redactada intencionalmente para un examen de civismo que pusiera de manifiesto la normalización de los actos de corrupción en México, fue parte del discurso que la diputada Abelina López dio en la Cámara de Diputados durante la sesión esta semana para aprobar el dictamen sobre las leyes secundarias que aumentan el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
Esta frase no será leída ni interpretada como la declaración pública de un funcionario de haber cometido, o propiciado, o visto, o aceptado, un acto de corrupción durante un proceso penal del cual era parte, esta frase, será vista como la explicación de una realidad aceptada en nuestro país: que la justicia, si llega, tiene un costo y uno muy alto. Traigo esto a colación para hablar de un tema muy importante y pocas veces considerado: el precio que tiene la justicia en México.
De acuerdo con la ENVIPE 2019 ocurrieron en el país 33 millones de delitos, de los cuales, tan solo 7% fueron investigados por las autoridades debido a la pérdida de tiempo que reportaron las víctimas como causa de no denunciar los mismos, así como por la ineficiencia del proceso penal o por causas atribuibles a la autoridad. Estas ideas parecerían ser una verdad aceptada e inamovible, sin embargo, traen consigo otras cuestiones a considerar: primero la baja denuncia de actos de corrupción en ministerios públicos por parte de la ciudadanía, por otro lado, el nivel de impunidad en actos de corrupción por parte de las autoridades dedicadas a procurar e impartir justicia en México, así como la dificultad que conlleva que las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos delitos muchas veces trabajan en la misma dependencia que el funcionario en cuestión.
Respecto a estos tres temas quisiera proponer las siguientes propuestas: primero, aunque no debiera ser responsabilidad de las personas el saber cómo denunciar una irregularidad o un acto de corrupción cometido al momento de denunciar un delito o durante un proceso penal, la realidad es que es necesario conocer este procedimiento y tener a la mano herramientas prácticas para levantar una denuncia. Respecto a este punto recomiendo la plataforma denuncia.org que ofrece la posibilidad de denunciar estas irregularidades cometidas por agencias del ministerio público.
Segundo, sobre el tema de la impunidad en actos de corrupción cometida por las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos delitos: es importante reconocer el carácter de víctimas a otras instituciones u organizaciones civiles que se dedican a litigar respecto a estos temas. Todos somos víctimas de la corrupción y por ende debemos ser reconocidas como tales durante los procedimientos penales.
Y por último, respecto al tema de que las autoridades que investigan los actos de corrupción de los ministerios públicos laboran en la misma institución, tenemos que regresar a la importancia de reconocer la autonomía en la procuración de justicia. Pero una autonomía no entendida como una desatención de los asuntos prioritarios sino como una desarticulación fáctica que conlleva impunidad.
Quizá la solución a este problema tan complejo venga de no negar, ni normalizar un fenómeno tan dañino como el aceptar una mordida en un proceso penal sino en el reconocer que este sistema corrupto se puede cambiar una acción a la vez.