Por Lourdes Morales Canales
El martes pasado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen que ordena la extinción de 109 fideicomisos públicos y la reforma a 18 leyes. Esta decisión afecta a periodistas, deportistas, artistas, creadores y defensores de derechos humanos. Elimina las garantías de apoyo a la Ciencia y Tecnología y pone en jaque a centenas de proyectos de investigación. Entre ellos se incluyen los importantes trabajos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN sobre COVID-19.
Primera falacia: Los fideicomisos son sinónimo de corrupción. Los objetivos esgrimidos para aprobar el dictamen son: eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, disponer de mayores medios para enfrentar la crisis derivada de la pandemia y fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad.
Lo que votaron los diputados es exactamente lo opuesto a lo que se quiere lograr. Contrario a la narrativa que se ha construido en los últimos meses, los fideicomisos públicos de los Centros Públicos de Investigación no son opacos ni se utilizan a modo. Poseen reglas de operación y cuentan con mecanismos de fiscalización que permiten conocer el destino de cada peso que ingresa. Cuentan con Comités Técnicos colegiados y son sujetos obligados de transparencia. Cualquier desvío sobre el uso de recursos debe ser denunciado, investigado y procesado por acción de los responsables o por omisión de los vigilantes. Los mecanismos existen. Pero ahora se pretende eliminarlos.
Segunda falacia: Los fideicomisos de Ciencia y Tecnología representan un alto costo al gobierno. El dinero de estos fideicomisos no proviene del erario público. Se nutren de obligaciones contraídas con organismos privados e internacionales que fondean proyectos concretos de investigación. Son recursos autogenerados que son auditados y que no generan un costo adicional. Lo que aprobaron los diputados es la confiscación de estos recursos para el control de los mismos a partir de parámetros inciertos. Con este procedimiento se elimina la autonomía, la flexibilidad y la certidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Es la sumisión de la Ciencia a criterios políticos. ¿Quién va a querer financiar un proyecto a ciegas? Por el contrario, lo que sí se afecta son actividades sustantivas del Conacyt y de los Centros Públicos de Investigación, en particular la investigación y la formación de recursos humanos.
Tercera falacia: Esta decisión proviene de un proceso parlamentario ejemplar que cumplió con estándares de Parlamento Abierto. Desde Agosto del 2012, Parlamento Abierto se concibió como una forma de relación entre ciudadanos y representantes. El mecanismo se basa en estándares de transparencia, participación ciudadana, responsabilidad compartida y rendición de cuentas. Bajo este espíritu es que en junio pasado, se realizaron tres sesiones de Parlamento Abierto. El dictamen aprobado ignora los argumentos esgrimidos. Lo que es peor, al momento de la votación, no todos los diputados contaban con la versión final. La discusión sobre reservas tuvo que ser pospuesta. Aún es tiempo de rectificar.