Por Yasmín Esquivel Mossa
Este mes conmemoramos un hecho trascendente, al cumplirse 67 años de que en el DOF, el 17 de octubre de 1953, se publicó la reforma constitucional que nos reconoció plena ciudadanía y, con ello, el derecho a votar y ser votadas a cargos de elección popular, punto de partida para la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país.
Este logro, fruto de la lucha que por décadas mantuvieron mujeres ejemplares, que con la convicción de poseer iguales derechos que los varones a decidir el destino de la nación, no cejaron en exigir su reconocimiento.
El artículo 34 aprobado por el Constituyente de 17, reconocía como ciudadanos a los mexicanos de 18 años si eran casados y 21 si no lo eran, y que tuvieran además un modo honesto de vivir. Bajo la óptica actual, podríamos afirmar que sin duda confería la ciudadanía a las mujeres; sin embargo, con el lente de aquella época, tal interpretación era insostenible, y para eliminar cualquier asomo de duda y poner freno a las aspiraciones políticas de las mujeres, la Ley Electoral de 1918 confirió expresamente la calidad de electores sólo a los “mexicanos varones”.
En una interesante misiva que la Alianza Nacional de Mujeres dirigió al Presidente Cárdenas, insistía en que el Constituyente de Querétaro dejó la puerta abierta a una interpretación avanzada de esa disposición, no obstante, era menester su reforma para que expresamente reconociera la ciudadanía a la mujer.
Ello influyó para que en 1937 el presidente Cárdenas presentara al Congreso una iniciativa de reforma a dicho artículo, la que no obstante haber sido aprobada, nunca llegó a publicarse.
Fue hasta 1952 que el presidente Ruiz Cortines, cumpliendo una promesa de campaña, días después de asumir su mandato, presentó ante el Congreso la iniciativa para su modificación, aprobándose el nuevo texto del artículo 34, en los siguientes términos: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos…”.
El Decreto se publicó el 17 de octubre del año siguiente y, en las elecciones intermedias de 1955, las mujeres acudieron por vez primera a las urnas.
Esa sola reforma no fue suficiente para el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de elección popular. En el correr de estos casi 70 años se han requerido de nuevos y más profundos cambios, para hacer del sufragio femenino un derecho con eficacia plena.
Así se implementaron las primeras acciones afirmativas que se incorporaron en sucesivas reformas a la Ley Electoral Federal en 1993, 1996, 2002 y 2008, cuyo impacto fue evidente. La presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, que entre 1952 y 1991 apenas superó un 10% tras las elecciones del 2009, se elevó a un 28% y en el 2012 alcanzó un 37%. Un impacto similar tuvo en la Cámara de Senadores, alcanzando en el 2012 un 32.8%.
El gran salto se da con la reforma político-electoral del 2014, que elevó a rango constitucional la regla de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales, que hoy permite contar con un Congreso Federal integrado, por vez primera, de manera paritaria.
Con todo, aún enfrentamos nuevos obstáculos en el camino, uno muy grave, la violencia contra la mujer, que trasciende al ámbito de su participación política, obligando a una amplia reforma legal para prevenirla y sancionarla, en el imperativo de eliminar toda forma de violencia, incluida ésta, utilizada con el ánimo de intimidar y mermar el avance de las mujeres en nuestro país.
De cara a las elecciones del próximo año, esta fecha no debe ser una efeméride más, sino un llamado a consolidar nuestra presencia igualitaria en todos los ámbitos de la vida pública, condición de una sociedad auténticamente democrática.