Por Carlos M. Urzúa
Durante el primer año de este sexenio la política económica no solamente fue errática, sino que además fue, en más de una ocasión, errónea a todas luces. Pero la pandemia actual hizo que se exacerbara de manera considerable ese comportamiento errático. Tanto que parecería que actualmente el gobierno está dando, al menos desde el mes de abril pasado, tan solo palos de ciego en materia económica.
Un ejemplo de lo anterior es la instrucción presidencial de extinguir el mayor número posible de los fideicomisos y fondos federales existentes. De los poco más de 300 que había a fines de 2018, la administración actual ya ha cerrado algunos, ha utilizado otros y ahora pretende que el Congreso apruebe la extinción de 109 más, lo cual daría una bolsa del orden de 68 mil millones de pesos.
Hay fondos que no requieren cambio de ley para ordeñarlos, pues está previsto su uso cuando hay caídas en los ingresos. Es el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el cual consistía en alrededor de 280 mil millones de pesos a fines de 2018, en poco menos de 160 mil millones a fines de 2019, y ahora en, básicamente, nada. El otro caso paradigmático es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el cual contaba con 89 mil millones a fines de 2018, con 60 mil millones a fines de 2019, y probablemente termine este año con un monto no mayor a los 25 mil millones de pesos.
Se dice que hay que extinguir ese centenar de fondos y fideicomisos, pues hay aviadores y hay mucha corrupción. Lo primero es extraño, pues por ley no pueden contar con estructura orgánica. Lo segundo puede ser cierto en algunos casos, pero los corruptos son los funcionarios de las dependencias que los manejan. Sorprende, por cierto, que sea el propio presidente quien satanice a los fideicomisos, cuando el financiamiento de la mayor obra que hizo cuando era jefe de gobierno, el segundo piso sobre el Periférico, provino de un fideicomiso (administrado limpiamente, por cierto).
La iniciativa que está a punto de aprobar el Congreso contempla, para empezar, la desaparición de 65 fondos de Conacyt para la investigación en ciencia y tecnología. Más de la mitad de ellos son fondos mixtos con las entidades federativas, cuyas investigaciones locales se verán directamente afectadas por la medida. Pero la lista aún no termina. Por ejemplo, cuatro de las extinciones más preocupantes serán las del Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fondo Metropolitano y el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Aunque quizás las desapariciones más costosas serán a la larga las de 26 fondos cuyos recursos se usan para mantener la excelencia de los llamados centros públicos de investigación. Entre estos se encuentran varias instituciones que, aunque pequeñas, gozan de reconocimiento internacional. Siete de ellas: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Colegio de la Frontera Norte, Colegio de Michoacán, Instituto de Ecología e Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Quién iba a decir hace dos años que íbamos a acabar donde estamos hoy.