Por Manuel Añorve Baños
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se instituyó como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuya finalidad es ejecutar acciones, así como autorizar y aplicar recursos públicos para mitigar los efectos que deriven de la presencia de un fenómeno natural.
Sin embargo, a pesar del alto grado de importancia que posee este mecanismo para salvaguardar la vida y patrimonio de las familias mexicanas (particularmente de los grupos económicamente vulnerables), Morena y sus correligionarios en el Congreso Mexicano decidieron dar un duro golpe a la prevención de este tipo de riesgos, al aprobar en octubre pasado las modificaciones normativas que extinguen el Fonden y más de 100 fideicomisos públicos.
Dicha decisión ha causado polémica y en poco tiempo demostró el impacto que puede llegar a tener; pues en días recientes Tabasco sufrió una lluvia histórica ocasionada por el huracán “Eta” y dos frentes fríos que cobraron la vida de decenas de mexicanos y causaron incuantificables daños materiales a la población que quedó atrapada por las inundaciones. Además, es inentendible el haber permitido que las zonas más bajas y pobres del estado de Tabasco se inundaran al desfogar la presa de Peñitas, pues todas las personas de nuestro país poseen el mismo derecho a que se resguarde su vida y patrimonio.
Precisamente, el Fonden existía para actuar ante emergencias como ésta y apoyar a los afectados por las mismas; por lo que su extinción, de la mano de la decisión de inundar las zonas más vulnerables para no afectar a la capital tabasqueña, se equiparan a darle la espalda a los que más lo necesitan.
Es cierto que no existe ningún decreto o acto que erradique la aparición de desastres naturales; pero lo que sí es posible es definir e instrumentar con responsabilidad y eficiencia aquellas medidas que apoyen a la población en los momentos más adversos, como los que ha pasado Tabasco, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Veracruz.
No hay que olvidar, que en el caso del Estado de Guerrero tras el paso de los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, el puerto de Acapulco se levantó en gran medida con recursos del Fonden.
Justo es señalar que el manejo de los fideicomisos es un tema perfectible dentro de la administración pública, donde la apuesta debe guiarse por implementar mecanismos de control y vigilancia más sólidos, así como reglas claras en su operación; por lo que una decisión tajante e inexperta como su erradicación de un año para el otro, sólo genera grandes repercusiones ante las necesidades de la colectividad.
De forma paralela, en el ánimo de blindar la actuación de las autoridades en favor de la protección de la población ante los desastres naturales, sería imprescindible considerar llevar a la Constitución mexicana la obligación para que se reconozca el imprescriptible apoyo presupuestal ante los riesgos naturales para que la ayuda que requieren las y los mexicanos no se cancele por un criterio irracional e irresponsable.
El gobierno federal no puede permitir que la población permanezca desprotegida ante las situaciones de emergencia provocadas por los desastres naturales. Y no es justificable ni correcto que las y los mexicanos al tiempo de sufrir notorias afectaciones tengan aún que lidiar con la incertidumbre por la falta de un apoyo gubernamental. Sin duda, es prioritaria la existencia de un Fondo que tenga como único objetivo responder ante estos fenómenos.
La afectación está hecha y con un riesgo latente de que se repita; ahora, lo que sigue es poner en marcha una nueva figura que revierta las decisiones erróneas y apoye a los mexicanos ante el embate de los fenómenos naturales que inevitablemente se presentan.
Twitter: @manuelanorve