Por Catalina Pérez Correa
La expansión militar en México no tiene precedentes. Por un lado, está la —creciente— participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin controles claros, sin mecanismos de fiscalización y sin subordinación al poder civil. Por otro, se han aumentado las facultades de gobierno, especialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En materia de salud, por ejemplo, la Sedena hoy maneja distribución de medicamentos y atención a pacientes de Covid-19. En Educación, distribuye libros de texto gratuitos en todo el país además de construir y operar bachilleratos militares. Hoy existen 22 planteles de este tipo en 11 estados del país. La Sedena también construye infraestructura estratégica como son las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar y su equipamiento, incluida la adquisición e instalación de 8 mil cajeros automáticos. Además, está a cargo de la construcción —y posterior administración— del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, de varios tramos del Tren Maya y de nuevos hospitales. A partir del 1 de noviembre, Sedena quedó a cargo de la vigilancia de aeropuertos y carreteras y, en octubre de este año, se aprobó una reforma para darle la totalidad de funciones administrativas y comerciales de puertos marítimos que correspondían a la SCT (una institución civil) a la Secretaría de la Marina, que ahora tiene facultades para regular las comunicaciones y transportes por agua y de conducir todas las políticas y programas para su desarrollo. Además, hoy todas las aduanas del país están administradas y vigiladas por las FFAA.
Ese es el contexto en el que se dio la detención y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero procedente de actividades del narcotráfico. Los documentos del caso revelan que era investigado por recibir sobornos y ayudar el avance del cartel del H2. Hoy sabemos que el Gobierno de México negoció la liberación del general y que la fiscalía de Estados Unidos se desistió del caso por razones políticas. En el escrito a la Juez, la Fiscalía señalo que si bien la evidencia del caso era “fuerte”, por “razones de política exterior” el gobierno de aquel país se recusaba.
Juzgar a Salvador Cienfuegos significaba hacer pública las formas de operar del Ejército y probablemente exhibir a otros miembros del Ejército, algunos de los cuales hoy están activos. Significaba poner en duda la probidad de la institución bastión de la estrategia de seguridad de este gobierno y su lucha contra la corrupción. No es solo el juicio de un hombre, sino de la institución mexicana que hoy tiene mayor poder y presencia en el Estado mexicano. ¿Qué queda del Estado mexicano si se muestra al Ejército como agente de corrupción y transgresor?
Sin embargo, los hechos hoy hacen pensar que no habrá juicio contra Cienfuegos. El mensaje para los actuales mandos del Ejercito es que el fuero militar, en la práctica, los protege incluso en el extranjero. Para los ciudadanos -y para los rangos más bajos del Ejército, la tropa —el mensaje en cambio es que la ley se negocia y que su aplicación es discrecional y selectiva. El caso Cienfuegos pasará a la historia como uno más de impunidad pero también del sometimiento de la justicia y el poder civil al interés militar.
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