Jorge Canto Alcocer
En 1998, cuando aún gobernaba el PRI, se anunció con bombo y platillo la apertura de los archivos de la Guerra Sucia, procedentes fundamentalmente de la siniestra Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación. La supuesta apertura se realizó precisamente con motivo del 30 aniversario de la matanza de Tlatelolco, y en realidad fue un fiasco: de los cientos de miles de documentos de aquellos archivos, sólo podían consultarse un mínimo porcentaje, y, en su mayoría, se trataba de tarjetas informativas en clave, dispersas, fragmentadas. De hecho, junto con los archivos llegó su archivista quien, al decir de quienes acudieron al Archivo General de la Nación en aquellos tiempos, se comportaba como un lúgubre inquisidor, dificultando aún más extraer datos fidedignos, confiables y académicamente válidos de aquel laberinto.
En los años posteriores, algunos periodistas, politólogos y sociólogos publicaron ensayos más o menos fundamentados y muy libremente interpretados sobre todo aquello. El material, tal como se dio a conocer, podía servir para algunas conjeturas, pero para muy poco más que eso. Prueba de ello fue la inoperancia de aquella famosa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que durante su existencia no logró ningún avance significativo, a pesar de que, además de estos archivos, ejerció un importante presupuesto para hacer indagatorias en campo.
Han pasado 20 años de aquellos tiempos, y, como sabemos, desde el inicio del gobierno de AMLO se garantizó la apertura gradual, pero sin taxativas, de estos archivos, así como de los procedentes del CISEN y, en general, de todos los archivos políticos en poder del gobierno federal. A partir de ese momento, los críticos del gobierno popular, de cuando en cuando, pero de manera sistemática, recuerdan dicho compromiso, señalando su incumplimiento.
Este principio de año, el AGN anunció que el Fondo Documental estaría temporalmente fuera de servicio. Entonces la alharaca de la derecha creció desenfrenadamente: que si ahora la censura es total, que si la cuarta transformación es una vacilada, que si es parte del pacto con PRI, que si se está protegiendo a Manuel Bartlett y a Elba Esther Gordillo… ¡Sí! ¡Aunque Ud. no lo crea! La misma derecha que creó esas policías secretas y represoras, que las justificó durante décadas, QUE PROTESTÓ POR SU DESAPARICIÓN… ahora declara a voz en cuello ¡AMLO pactó con los represores y por eso esconde las pruebas! Como para volverse loco…
A despecho de todas las tonterías producidas por la derecha y sus tontos útiles, el Dr. Carlos Ruiz Abreu, historiador y archivista con más de 30 años de trayectoria, actual Director General del AGN, ha dado la explicación puntual, que tiene connotaciones por un lado jurídicas y por el otro administrativas: en el aspecto legal, el Fondo, que efectivamente se abrirá de manera plena, debe mantener únicamente las restricciones que las mismas leyes establecen para la protección de datos confidenciales de los sujetos involucrados; en el aspecto administrativo, su puesta en servicio requiere ciertos procesos, que garanticen su conservación y organización, así como faciliten su difusión. Es algo que ocurre en todos los archivos del mundo, de cualquier nivel y perteneciente a cualquier sector.
La derecha sigue desbocada. No sé si verla meterse en tantos berenjenales y demostrar con tanta facilidad su estulticia es una buena señal. Como nos enseña la historia –remember Chile y Bolivia, para mencionar dos casos emblemáticos– sólo no hay que perderla de vista.