Rubén Martín
Una de las consecuencias propiciada por la emergencia sanitaria mundial debido a la expansión de la pandemia del coronavirus es que nos obliga a mirar con claridad cuáles son las prioridades que tenemos como especie, como sociedad, comunidad, familiar e individual.
La acelerada expansión de la pandemia nos ha dejado en una situación que muestra la vida desnuda. En este momento, parece no haber ninguna discusión respecto que lo más importante para cada ser humano, para cada sociedad, cada Estado o incluso los organismos financieros internacionales, es defender la vida.
Conviene resaltar que “en este momento” esa es la prioridad, pero no lo fue así para muchos gobernantes, para muchos diseñadores de políticas públicas que en el pasado no se tentaron el corazón para reducir el gasto público para los sistemas de salud y todo el sistema de servicios públicos. Y en el futuro, cuando parezca que volvemos a la normalidad ahora perdida, muchos gobernantes y empresarios se olvidarán que lo principal es la defensa de la vida, y querrán restablecer los privilegios y ganancias de siempre.
Con seguridad, los estados y los dueños del dinero pensarán en restablecer lo más pronto posible los flujos de capital, tratando de socializar las pérdidas y privatizando las ganancias, como ha sido la norma en el sistema capitalista.
Pero en medio de la emergencia, tanto los flujos del capital como las herramientas de gobernabilidad están enfocadas a contener la emergencia y, al menos discursivamente, señalan que la prioridad es defender la vida. Es en esta coyuntura que debemos apostar por las prioridades para la mayoría de la sociedad.
Las condiciones de emergencia nos ponen claramente frente a las prioridades, y en el otro lado de la balanza, cuáles no son actividades prioritarias o riqueza socialmente producida que en este momento se destina a actividades ya no digamos improductivas, sino totalmente innecesarias.
Hay muchas en México, pero una con facilidad podría estar en el primer lugar para todos: el exorbitante gasto que hace la sociedad mexicana para mantener un pesado y oneroso sistema electoral y de financiamiento público a los partidos políticos.
En números gruesos, de 1991 a la fecha, los mexicanos hemos pagado más de 300 mil millones de pesos para mantener el sistema electoral federal y el financiamiento público a los partidos. Probablemente se han gastado otros 100 mil millones de pesos para el mantenimiento de los organismos electorales locales.
¿Cuántos hospitales de primer nivel, cuántos respiradores artificiales, salas de cuidados intensivos, equipo para situaciones de emergencia se podrían financiar con estos 400 mil millones de pesos?
Si en vez de engordar pesadamente un sistema electoral que puede ser prescindible con otras formas de organizar la selección de los representantes políticos, ese dinero se hubiera destinado para mantener y mejorar el sistema público de salud, seguramente habría menos carencias de las que se tienen en este momento de declarada emergencia sanitaria.
Es el momento de eliminar de tajo el financiamiento público a los partidos políticos. Han recibido más de 80 mil millones de pesos en las pasadas tres décadas, son recursos que habrían servido para contratar personal médico y tener hospitales de primer nivel en todas las regiones del país. Si un conjunto de ciudadanos quiere formar un partido para acceder al poder público y vivir de los cargos públicos, que lo hagan con sus propios recursos, no con los de la sociedad.
Desde la reforma política y electoral de 1996 se apostó por un oneroso sistema de financiamiento a los partidos, con el pretexto de que con altos ingresos públicos, los grupos dirigentes de los partidos no tendrían incentivos para recibir dinero negro de empresas o del crimen organizado. Pero esta premisa no se cumplió. A pesar de los ingresos públicos tan altos, el dinero negro y la corrupción dentro de los partidos y en el financiamiento de campañas electorales sigue presente. Ante la emergencia, debe cortarse de tajo el dinero público a los partidos.
Es el momento de eliminar la costosa e innecesaria burocracia de los organismos electorales. Son organismos que deben dejar de ser permanentes, sus integrantes deben ser honorarios y dejar de cobrar sueldos ofensivos para una sociedad con necesidades apremiantes.
Sólo los liberales que apuestan a vivir del sistema electoral se pueden oponer a una medida sensata como ésta. Ya podremos imaginar, inventar, reinventar fórmulas que no sean costosas y que propicien formas de democracia horizontal y directa. Mientras más pronto eliminemos o recortemos gastos innecesarios, y los destinemos a lo prioritario, como sistemas públicos de salud universales, más pronto estaremos en condiciones de enfrentar ésta y las pandemias por venir.