Francisco Javier Pizarro Chávez
El Diario Oficial publicó el lunes 11 de mayo que el gobierno dispondrá de la Fuerza Armada en materia de seguridad pública durante 5 años, con fundamento en el Artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, el cual fue aprobado por la mayoría calificada del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas.
El artículo referido, establece que el presidente de la República puede disponer de la Fuerza Armada permanente de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades, implementación territorial e informar al Senado de acuerdo con lo dispuesto por la Fracción Cuarta del Artículo 76 constitucional.
La promulgación de este decreto ha generado una caterva de críticas a AMLO, desde quienes la aprobaron (legisladores y gobernadores), la promovieron (panistas y priístas) y los que se hicieron los occisos (organizaciones civiles no gubernamentales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y también, por otra parte, los que honestamente consideran que esa ruta no es la adecuada para reestablecer la seguridad y la paz en nuestro país.
Vámonos por partes:
Los hipócritas protectores de la “legalidad, la justicia y los derechos humanos”, que nunca han defendido, ahora apelan a estos principios para denostar al presidente y la 4ta Transformación.
Ya se les olvidó que la militarización de la que ahora tanto se escandalizan inició con la pomposa pero falsa “Guerra contra el narcotráfico”, el 11 de diciembre de 2006, con un operativo militar contra el crimen organizado en Michoacán “encabezado” por Felipe Calderón en cuanto asumió la presidencia de la República. En ese entonces nada dijeron. Por el contrario, le aplaudieron.
La califico de “pomposa y falsa” por dos razones. La primera, porque la intención de Felipe Calderón era distraer a la opinión pública y legitimar su fraudulento arribo al Palacio de Gobierno.
La segunda, para demostrar que él sí podía poner freno al creciente flagelo de la violencia del crimen organizado, lo que fue una falacia, pues como ya ha quedado evidenciado, lo que sí logró fue la consolidación de un narcoestado, que tuvo sus inicios con Carlos Salinas de Gortari y se fue arraigando sexenio tras sexenio, con la confabulación de los jefes de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, comandantes de las zonas militares y del extinto Estado Mayor presidencial, con los cárteles de la droga.
Al principio, la colusión gobierno-narcos fue soterrada y giraba principalmente en torno al cultivo de enervantes; después se institucionalizó con sobornos de miles de millones de dólares que les aportaban los cárteles más poderosos a cambio de que les permitieran trasladar cocaína y heroína de Colombia y Asia, procesar drogas químicas en laboratorios y, lo más redituable, traficarlas para su venta a Estados Unidos, principal consumidor de drogas. La deshonestidad llegó a tal extremo que incluso funcionarios de Pemex le ofrecieron al Mayo Zambada, pipas para el traslado de las drogas.
Las muestras más evidentes de que el gobierno de Calderón fortaleció el narcoestado, hasta ahora, son dos; los testimonios jurídicos que los narcotraficantes han aportado a los jueces norteamericanos que los procesan, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y “principal líder operativo de la Guerra contra el narcotráfico” el cual fue detenido y procesado en Texas, acusado de tres delitos graves que se sancionan en EU con cadena perpetua: “conspiración para efectos de tráfico de drogas, cobro de sobornos efectuados por el Cártel de Sinaloa y falsedad de declaraciones”.
La otra es el escandaloso episodio del operativo “Rápido y Furioso” fraguado en 2009 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) mediante el cual se trasladaron a nuestro país más de 2,500 armas de alto poder –supuestamente para identificar a contrabandistas que los traficaban y a los clientes que los compraban– que fueron a parar a manos de narcotraficantes, en particular del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.
Pese a esas evidencias, Felipe Calderón jura y perjura que no tuvo conocimiento ni información de estos episodios, lo que es irrisible, pues para nadie es un secreto que México tiene un sistema presidencialista, que todo lo decide y manda, por lo que ningún funcionario, por más alto rango que tenga, se atreve a operar actos y acuerdos de esa índole, sin la autorización del presidente de la República.
Ahora bien. Coincido con quienes, con fundamento y honestidad, advierten al presidente que disponer las fuerzas armadas (Ejército y Marina) en materia de seguridad pública no es la mejor ruta para restablecer la paz y la seguridad. Lo que se requiere es integrar un sistema de seguridad integral con estrategias diferenciadas pero complementarias ya que el fenómeno delincuencial tiene múltiples aristas.
Una cosa es la delincuencia común y otra muy distinta la delincuencia organizada. No se puede equiparar a una pandilla con un grupo de sicarios; un drogadicto con un traficante de drogas; una riña callejera con un enfrentamiento entre cárteles; un homicidio con una masacre, un robo con un asalto a mano armada, un secuestro para cobrar dinero con un levantamiento para asesinar a adversarios o policías.
La delincuencia común perturba a la tranquilidad y paz de la sociedad civil; pone en riesgo la libertad, integridad, patrimonio y la vida de los ciudadanos. La delincuencia organizada vulnera la seguridad de los ciudadanos y siembra terror, pero también transgrede el Estado de derecho, la gobernabilidad, y afecta el desarrollo económico, social y hasta el cultural.
La seguridad pública debe prevenir, contener, investigar y sancionar los delitos del orden común. La seguridad interior debe mantener de manera inmediata y directa la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; la seguridad nacional salvaguardar la soberanía nacional y proteger al país de las amenazas externas.
Es urgente que la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico se tipifiquen jurídica y constitucionalmente como un riesgo a la seguridad interior e incluso la seguridad nacional.
Tan es cierto ese riesgo, que el viernes pasado circuló un video desafiante en el que un grupo de encapuchados armados difundieron un “comunicado” en el que anuncian el surgimiento del Cártel Zicuirán Nueva Generación (CZNG), en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “ya que es el grupo con más presencia y dinero que hay actualmente”.
Sin recato alguno, el vocero envió un “saludo a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, y a Alfonso Duarte Montaño, Secretario de Seguridad Federal” y no sólo eso, sino también envió “un aviso respetuoso a las fuerzas armadas, en especial el Ejército mexicano, que se abstenga de invadir La Huacana, Zicuirán, Tumbiscatío, Las Cruces, Arteaga y Nueva Italia. No nos hacemos responsables de su seguridad”.
Y no sólo eso. También aseguró que las autoridades locales de esos municipios forman parte de “su propiedad”, y cerró su perorata con otra advertencia retadora: “Cualquier aeronave que vuele sin nuestro permiso será derribada, cualquier unidad que ingrese será retenida y quemada, no somos autogobierno, pero queremos demostrar que con nuestras finanzas y gobierno podemos sobresalir”.
(Fuente informativa: Sin Embargo)
Veremos y diremos en qué termina esta guerra económica de los cárteles del narcotráfico y, desde luego si la las fuerzas armadas logran sanear el virus creado por el narcoestado.