Por Santiago Corcuera Cabezut*
Cada 10 de mayo, cientos de madres de personas desaparecidas realizan una marcha en la Ciudad de México que parte del Monumento a la Madre y concluye en el Ángel de la Independencia. Durante la marcha y el mitin en el Ángel, las madres de las personas desaparecidas reclaman verdad (“¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?!, ¡nuestros hijos! ¿Dónde están!?”), exigen hallar a sus hijos con vida (¡Porque vivos se les llevaron, vivos los queremos!), y además claman justicia (“¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!”). Su lucha en la búsqueda es inagotable (“¡Hijo! ¿Escucha! ¡Tu madre está en la lucha! - ¿Por qué te buscamos? ¡Porque te queremos! ¿Qué queremos? ¡Justicia!”).
La pandemia de Covid-19 y el confinamiento, impedirán la realización de la marcha. Esto, por testimonios de familiares de personas desaparecidas con quien tengo contacto y, me honro en decir, amistad, me han expresado lo duro que es para ellas no poder marchar y expresar sus protestas y exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno, en los que perciben, en demasiados aspectos, falta de compromiso, falta de acción efectiva, falta de transparencia, indolencia o negligencia, incluso deliberada re-victimización y maltrato. Perciben, a veces, discursos y promesas, pero falta de honor a la palabra dada, en los hechos (por ejemplo, el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU). Sin duda, no se puede absolutizar, pero sí generalizar, en este caso. Y por eso, para ellas la marcha es tan importante, pues da visibilidad a sus reclamos, a su batalla, a su dolor y desesperación. Pero este año no podrán reunirse en la calle para manifestarse.
Aunado a lo anterior otro efecto terrible que ha tenido la paralización, ha sido la suspensión de la búsqueda en el terreno de fosas clandestinas. Sin embargo, ellas no descansan. Aunque no pueden salir a buscar en campo, se movilizan y emprenden acciones ante las autoridades para la adopción de medidas diversas, como por ejemplo, por su impulso se logró la expedición del acuerdo que prohíbe la cremación de cuerpos de personas que hubieran muerto por Covid-19 no identificados, o identificados no reclamados y que evita que se usen fosas comunes en las que pudieran encontrarse cuerpos de personas desaparecidas, para que no se confundan con los que pudieran haber muerto por Covid-19. Además siguen exigiendo que se acelere el trabajo de identificación de los cadáveres sin identificar que están en las instituciones de Servicios Médicos Forenses (Semefos), que se depure y actualice el desaparecido Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) y se concretice el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, que, de acuerdo con la ley, debió haberse concluido hace más de un año, entre otras muchas cosas que se pueden seguir haciendo, incluso durante la emergencia sanitaria.
Pero además esta paralización ha provocado un grave deterioro en la situación económica de las familias de personas desaparecidas, pues no solamente no pueden salir a buscar, sino que no pueden salir a ganarse la vida, empeorando su, ya de por sí, precaria situación. Por ello se ha lanzado una laudable iniciativa de apoyo para ellas, desde la plataforma El Día Después y cuyo sitio de internet es eldiadespues.mx, que les invito a visitar, y en lo que puedan, a apoyar.
Por esta situación, agravada por la pandemia, urge un viraje drástico en la política de seguridad pública, hoy militarizada, para detener nuevas desapariciones. Por desgracia, la paralización de actividades compelida por la pandemia no ha detenido la peste de las desapariciones que provocó la política de (in)seguridad militarizada de Calderón y que prevalece hasta hoy.
@CORCUERAS
*Expresidente del Comité contra las Desapariciones de la ONU