Por Francisco Javier Pizarro Chávez
“El bien es lento porque va cuesta arriba: El mal es rápido porque va cuesta abajo”
Alejandro Dumas (1802-1870).
Escritor francés.
En lo que va de hasta ahora del juicio de Emilio Lozoya, los jueces han abordados dos casos relevantes: el de Agronitrogenados y el de Odebrecht por operaciones con recursos de procedencia ilícita y corrupción, los cuales se han circunscrito únicamente a su persona.
Lozoya y sus abogados se apegaron al “criterio de oportunidad” y/o “testigo colaborador”. En ambas sesiones se ha declarado “inocente” de las imputaciones que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, le han imputado.
No obstante, el ex director de Pemex, fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, soborno y lavado de dinero, por más que insista en que “fui intimado, presionado, influenciado e instrumentalizado” y sus abogados en que “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso —persona que incurrió en un delito sin saber que estaba cometiéndolo, por lo que es inocente— en el marco de un aparato organizado de poder”, afirman.
Señaló Lozoya que “en su momento” denunciará los delitos cometidos por “un aparato de poder conformado por las altas autoridades del Estado Mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido” y también que dará a conocer de “manera muy clara y contundente sus nombres, cargos que ocupaban y los métodos de instrumentación que fueron utilizados”.
No es nada tonto. Sabe perfectamente que los fiscales aún no lo pueden confrontar, porque están en la fase de la presentación de imputaciones.
El enunciado “aparato organizado del poder”, es una estructura jerárquica que funciona a partir de las órdenes superiores a los “hombres de atrás”, para realizar una acción dominando la voluntad del o los subordinados, los que operan como “engranajes” de una maquinaria que, por lo general, no se apega a la ley y fomenta la corrupción.
El régimen presidencialista imperante en México en el período neoliberal de Carlos Salinas de Gortari al de Enrique Peña Nieto, es un ejemplo de ello pues sus gobiernos fomentaron la cleptocracia que etimológicamente en griego significa (Clepto, “robo”) y (Cracia, “poder”) = “dominio de los ladrones”.
Sociológicamente se define como el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalización de la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y/o el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder son corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico.
En resumen, la cleptocracia es el mecanismo de la corrupción entre monopolios, oligopolios, El Estado y la política partidista, como va a quedar demostrado si Emilio Lozoya saca a la luz pública la lista de todos los Secretarios de Estado de las anteriores administraciones, empresas trasnacionales y nacionales, legisladores y partidos políticos, coludidos con este saqueo y traición a la patria de la mal llamada “reforma energética” impuesta por Enrique Peña Nieto, que fue todo una rapiña de miles de millones de dólares y su “Pacto por México”, mediante el cual sobornó a la mayoría de dirigentes de partidos y legisladores.
La corrupción en Pemex es atávica. Desde 1983 al 2019, la industria petrolera paraestatal ha sido saqueada sexenio tras sexenio. El primer caso fue el de Jorge Díaz Serrano, acusado por la PGR de fraude en la compra de dos barcos petroleros, por los que pagó un sobreprecio de 34 millones de dólares. Estuvo 5 años en prisión.
Otro caso fue el “Pemexgate” cuyo director Rogelio Montemayor, al final del sexenio de Ernesto Zedillo, fue detenido en 2002 en Estados Unidos por la demanda interpuesta por la Secretaría de la Contraloría y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el financiamiento ilegal con recursos de Pemex de la campaña presidencial de Francisco Labastida.
En el sexenio de Vicente Fox, el director general de Pemex también fue acusado por la ASF de suscribir un acuerdo con el sindicato petrolero en el que se otorgaron 2 mil 688 millones de pesos, cantidad muy superior a la del Contrato Colectivo que era de 963 millones de pesos. (Con información de Enrique Quintana, en su columna “Pemex: historias de corrupción y venganza” en el Financiero del jueves 30 de julio).
El “aparato organizado del poder” a partir del gobierno de Felipe Calderón extendió su maquinaria a la delincuencia organizada, a la cual se les brindó protección a varios Cárteles de la droga, en especial, al Cártel de Sinaloa, que comandaron Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, e Ismael “El Mayo” Zambada que sigue operando el tráfico de drogas a diversos países desde hace más de 50 años.
Como es sabido, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna fue detenido y procesado también por autoridades federales de Estados Unidos, las cuales el jueves pasado acusaron formalmente de narcotraficantes al ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Eduardo Pequeño García, ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que ambos sujetos “aceptaron millones de sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa” y mantenían una estrecha relación de socios con García Luna. (Fuente The New York Times).
Por lo que se refiere al engranaje con la maquinaria empresarial y la oligarquía, ya también se dieron los primeros pasos con la trasnacional Odebrecht y la empresa Agronitrogenados, cuyo propietario ya fue detenido también en España, país donde se han refugiados varios oligarcas corruptos y funcionarios de alto nivel como el ex presidente Enrique Peña Nieto.
El proceso de desmantelamiento de la maquinaria que tiene por eje la corrupción y la impunidad ha puesto “los pelos de punta y la piel chinita” a todas las elites económicas y políticas que crearon ese andamiaje.
Desesperados, arremeten sin pudor alguno en contra del presidente de la República. El ultraderechista Frena satura las redes sociales con grotescos insultos al primer mandatario y ridículas caravanas con autos de lujo, para que renuncie a su mandato el 2022.
Las cámaras empresariales y organismos financieros lo responsabilizan del deterioro de la economía por la pérdida de la condonación de sus impuestos y evasión fiscal de sus contratos leoninos o ficticios, el no endeudamiento externo, de las que gozaban de las administraciones anteriores.
Las organizaciones civiles no gubernamentales le imputan la crisis sanitaria generada por la pandemia, las “feministas falsas” la violencia de género y legalización del aborto.
Los gobernadores se quejan acremente de la reducción de las partidas presupuestales; los legisladores de los partidos opositores pegan el grito con la aprobación de la prisión preventiva oficiosa por corrupción y fraude electoral y el que se apruebe la Ley de Adquisiciones para medicinas; los intelectuales orgánicos convocan a crear un bloque opositor en las elecciones legislativas y gubernaturas de 2021
En lenguaje llano: todos se lavan las manos y buscan la forma de reestablecer el régimen político corrupto y fraudulento. Veremos y diremos quién gana las vencidas en ciernes en torno a la corrupción e impunidad prevaleciente en el período neoliberal.