Por Rogelio Gómez Hermosillo
Hace unos meses murió mi padre. Tenía 91 años. No fue por COVID-19. Esa experiencia me permitió vivir en carne propia los retos para que el sistema de salud funcione con calidad.
Experimenté lo que dicen los datos de Frente a la Pobreza y la validez de sus propuestas. Por ejemplo, las “listas de espera” con citas postergadas, el gasto de bolsillo y el posible abuso en servicios privados. Es decir, una vivencia más del análisis que abordan los 3 recientes programas de Acciones Ciudadanas sobre derecho a la salud y que recomiendo: (tinyurl.com/y28dm8rx).
Mi padre era jubilado del ISSSTE, pero tuvimos que recurrir a un hospital privado. En esta ocasión por el COVID-19. Pero de cuatro veces que lo requirió, entre 2016 y 2020, sólo logramos hospitalizarlo ahí en una ocasión, las otras tres no lo logramos.
La única ocasión que sí entró lo atendieron en el Hospital López Mateos. La atención fue de primera. Esta experiencia positiva también confirma nuestro diagnóstico: los servicios públicos de salud, sobre todo la seguridad social, pueden funcionar bien, pueden brindar atención médica de calidad, siempre y cuando cuenten con los recursos suficientes.
En esa ocasión, lo atendió personal médico especialista de primer nivel. Contaban con el equipo para el diagnóstico (el “Holter”, para confirmar una arritmia), tenían el tratamiento recetado (un marcapasos) y hubo espacio y personal para aplicarlo (quirófano y cirujano). Salimos en menos de 2 semanas. Sin espera, con atención de calidad y oportuna.
Con frecuencia no es así, los datos lo muestran y también la experiencia con mi padre. En tres ocasiones, incluida la final, hubo que recurrir a servicios privados, pues no logramos acceso al sistema público, pese a tener afiliación. Fue víctima de “listas de espera” que en realidad le impidieron acceso. Y ya negada la atención tuvimos que incurrir a gasto privado.
En cada ocasión que no entramos al servicio público, el costo de la hospitalización, los medicamentos y otros tratamientos que le recetaron, se pagaron con “gasto de bolsillo”.
No puedo asegurar que pagamos precios inflados.
Lo que sí sucedió es que los médicos hacían todo lo posible por proponer estudios innecesarios de alto costo. Se aumenta el gasto vía servicios no indispensables. Por ejemplo, una ocasión anterior rechacé una resonancia magnética, aún con fuerte sentido de culpa y dudas. A la postre tuve razón. Pero con frecuencia negarse es imposible. No se ofrecen alternativas y en esa situación todo es “de vida o muerte”. Otro ejemplo: esta última vez pagamos una tomografía de pulmones para poderlo ingresar (no fuera a tener COVID).
Urge una entidad que garantice el derecho a la atención oportuna. Se requiere una respuesta ágil e inmediata para evitar las citas postergadas y las “listas de espera”, pues en la práctica niegan el derecho a la salud. Las enfermedades y el dolor no esperan. Y el tiempo complica enfermedades e incrementa su costo económico. También se requiere una entidad para evitar abusos en los servicios privados. Una instancia tipo la “Profeco” con mandato expreso para defender a pacientes.
Hay una iniciativa de ley que propone el Senador Miguel Ángel Navarro para defender los derechos de usuarios de servicios de salud. Esperemos logre su aprobación. Y se debe encontrar la forma de garantizar la atención en los servicios públicos. Sólo así habrá cobertura universal y derecho a la salud.
Twitter: @rghermosillo