Opinión

Derecho y política en el Tribunal Supremo (1)

Por Jorge Gómez Barata

La jubilación o muerte de un juez o jueza del Tribunal Supremo, como acaba de ocurrir con la honorable Ruth Bader Ginsbug, ofrece al presidente de los Estados Unidos, la única oportunidad de influir en el alto tribunal. Pasado ese momento, sus posibilidades de ejercer autoridad o influir en ese foro son nulas.

George Washington fue el único mandatario que tuvo la oportunidad de designar a todos los jueces de la Suprema Corte, entonces procuró un equilibrio territorial entre sureños y norteños. En la época no se tomaban en cuenta criterios raciales ni de género.  Donald Trump pudiera promover a tres.

La separación de poderes que rige en los Estados Unidos, impide establecer una jerarquización entre sus instituciones, no obstante, ninguna es más importante que la Corte Suprema, constitucionalmente dotada de super poderes que le permiten a arbitrar entre las autoridades nacionales y los estados, los ciudadanos y los poderes públicos, los reos y los tribunales, los patronos y los trabajadores, incluso prevalecer sobre el Presidente y el Congreso. Ninguna corte, en ningún país, tiene semejantes competencias.

El sistema funciona de la siguiente manera: la Constitución prevalece sobre todas las leyes, a su vez el Tribunal Supremo decide qué es ley y cuáles entran en conflicto con la Constitución. Nueve individuos no electos mandan sobre senadores, representantes y sobre el presidente.

Dado que el único límite a las prerrogativas del Supremo Tribunal es la Constitución, para enmendar alguna de sus sentencias, se necesita una Enmienda constitucional, cosa que, por ese motivo, nunca ha ocurrido.

Promover a un juez no le garantiza al presidente disponer de un aliado incondicional en la Corte Suprema. Los jueces sólo deben lealtad a la Constitución, se subordinan a la ley y a sus conciencias por lo cual, con frecuencia, algunos se apartan de sus respectivos perfiles ideológicos y circunstancialmente votan contra lo que se presumían que hicieran.

En el año 2000 el juez Souter nombrado por Bush padre, votó contra la decisión de otorgar la presidencia al hijo de quien lo había designado. Existe en la historia política y judicial de los Estados Unidos el extraño caso de un hombre que gobernó tres países, William H. Taft, gobernador en Cuba y en Filipinas y presidente de los Estados Unidos, y el único que rigió dos de los tres poderes de la nación al desempeñarse como vigésimo séptimo presidente de Estados Unidos y décimo presidente del Tribunal Supremo.

Faltando menos de dos meses para las elecciones presidenciales, según se afirma, de las más reñidas y decisivas en la historia de los Estados Unidos, el fallecimiento de la jueza del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsbug ha desatado una auténtica batalla política entre los partidos Demócrata y Republicano. Los primeros para promover y juramentar un candidato ideológicamente afín y los segundos para impedir que ello ocurra. Luego les cuento más.