La inseguridad en nuestro país asusta y más cuando los ciudadanos vemos que no hay estrategia para combatirla y enfrentarla. No importa la ideología, la profesión o el género, el miedo de salir a la calle está presente. Como si eso no fuera suficiente, otro de nuestros grandes miedos es no recibir justicia. Y la justicia es resarcir el daño que, como víctimas, hemos padecido después de un delito.
Sin embargo, es penoso que en México aún ni siquiera contamos delito por delito, de los que se cometen. Las experiencias dolorosas de las víctimas no son comparables ni tampoco equiparables, pero sí son contables y sí se deben convertir en una cifra que refleje la precaria situación de seguridad en la que vivimos, y que permita hacer una estrategia basada en la realidad. En México se cuenta poco y se cuenta mal.
En todo el país, existe un sub-registro de delitos. Vivimos desde hace años con una “cifra negra” altísima que, en algunos delitos, alcanza niveles superiores al 90%. De ese tamaño es el problema, pero, además, también tenemos evidencia de posibles y probables manipulaciones por parte de autoridades locales.
En un estudio reciente que hicimos en Causa en Común sobre registro de delitos, encontramos que hubo estados que registraron muy pocos delitos de alto impacto; otros que tuvieron en lapsos cortos caídas drásticas en los registros; unos más que presentaron el mismo número de delitos en lo que parecen ser patrones mensuales o anuales; mientras que otros estados pueden estar reclasificando delitos, de graves a menos graves.
Y la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, que es la responsable de mantener el registro nacional de delitos, es indolente, o incapaz de establecer mecanismos institucionales de supervisión y sanción para aquellas fiscalías que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa.
Esto significa que, además de la debilidad de nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia, con gran descaro, las autoridades nos quieren “hacer creer” que están haciendo su trabajo y que las cosas en seguridad mejoran.
Sin embargo, los datos no obedecen a tendencias lógicas y es tal el cúmulo de datos anómalos, que es difícil no concluir que, a la “cifra negra” por falta de denuncia, se suma también una “mano negra”.
No es distorsionando los números como cambiará nuestra realidad y entonces habrá menos feminicidios, menos secuestros, menos extorsiones o menos robos con violencia. En este país los números nos describen otros escenarios de una realidad alterna a la que vivimos.
La situación es grave porque tiene muchas implicaciones. Si ya los ciudadanos no acuden con las autoridades a presentar denuncias porque no confían en ellas; porque piensan, correctamente, que se trata de trámites largos y engorrosos; porque saben que las policías y los fiscales y los jueces serán probablemente incapaces de atrapar al ladrón, de identificar al asesino, o de sentenciar a secuestradores.
Si ya estábamos y estamos en esa situación, esta escena de encubrimiento y tergiversación de la realidad sólo nos deja clara una cosa: no podemos creerles a las autoridades. No podemos creer en un gobierno indolente que sólo se escucha a sí mismo y no a sus ciudadanos.
En esta distorsión, entre la realidad que nos dicen que existe y la que realmente vivimos, se cava en la profunda zanja del dolor de las víctimas en este país que, con justa razón, siguen sin creer en las autoridades y siguen sin escuchar el cómo sí se pueden arreglar las cosas.
A pesar de que las víctimas mantienen una carga pesada de dolor, toca seguir exigiendo que se cuente delito por delito y que se cuente bien.
Por María Elena Morera*
(Colaboró Pilar Déziga)
@MaElenaMorera
*Presidenta de Causa en Común