Por María De Jesús Ramos Casiano
Las universidades públicas del país han comenzado de manera virtual y escalonada sus ciclos escolares, en un contexto de pandemia y de frente a la discusión de una nueva ley. La reforma educativa aprobada en septiembre de 2019, mandató la creación de un conjunto de leyes, dentro de las cuales la Ley de Educación Superior se colocó como una de las estrategias para garantizar la transformación que la educación pública requiere.
La discusión actual se coloca en el marco del debate sobre la exclusión que la pandemia ha producido en el ámbito educativo. Por ello, en este regreso a clases, una de las prioridades debería ser, garantizar las condiciones materiales y económicas para que ningún estudiante, se vea obligado a abandonar sus estudios. Ya la más reciente encuesta de movilidad de la UNAM alerta que 4 de cada 10 estudiantes de bachillerato no cuentan con acceso a internet o a una computadora. Y cifras de la Secretaría General de la UNAM nos dicen que casi 72 mil de los 360 mil estudiantes de licenciatura, están en riesgo de desertar. Si consideramos que el 72% de la cobertura de la matrícula de Educación Superior es atendido por Universidades e instituciones públicas, el acceso, la permanencia y condiciones para el egreso de las y los universitarios, debe asumirse como una tarea pública de la sociedad, que mandata al Estado para garantizar el derecho constitucional de educación universal, gratuita y laica en todos los niveles educativos.
Sin embargo, a pesar de que en la discusión de la Ley de Educación Superior, se colocan como principios la gratuidad y obligatoriedad, esto último, derecho ya adquirido en el artículo 3º constitucional, no se cumple para los miles de jóvenes que no pueden asistir a las aulas, y tampoco atender sus cursos de manera virtual.
No podemos olvidar, que había ya una deuda acumulada con los miles de jóvenes que año con año quedaban sin un lugar en las principales universidades públicas del país. Ahora, con la masificación de la educación virtual, muchos jóvenes se ven impedidos de ejercer su derecho a la educación, ante la falta de condiciones materiales para hacer uso del internet, tener una computadora y un espacio para garantizar las condiciones mínimas para seguir sus cursos. Agregando además, las dificultades económicas que las familias de las y los universitarios enfrentan, y que ha sido una de las causas, para que miles de ellos hayan tenido que tramitar bajas temporales o incluso definitivas, condenando a muchos, a la exclusión al no poder garantizar su permanencia.
Mientras las y los jóvenes tengan que seguir pagando a las compañías por el uso del internet para tener acceso a la educación, mientras tengan que invertir en equipos e instrumentos de trabajo, el acceso a la educación no es gratuito, y tampoco público.
Por ello, hoy sumando a voces y campañas internacionales, el acceso a internet debe ser gratuito, universal y considerado como un derecho social, ante los retos de la situación a la que nos ha enfrentado la pandemia. Además, se debe regular por parte del Estado que las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones proporcionen un internet de buena calidad.
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